SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni) y la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores hicieron un balance negativo de la gestión de la Junta de Andalucía, al cumplirse el segundo aniversario desde la celebración de las elecciones autonómicas, suspendiendo la actuación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y de la de Educación en la protección de la infancia y la juventud.
La presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, Asunción García Acosta, dijo a Europa Press que "la política de protección de menores en estos años ha tenido como rasgos comunes las intervenciones administrativas tardías, por cuanto no se practica una política de prevención que impida que se produzcan las causas de desamparo, y sobre familias de escaso nivel económico, por lo que todas las intervenciones se producen en familias pobres".
Además, lamentó que "se han invertido multitud de recursos en combatir los efectos del desamparo de los menores, pero escasos y de poca brillantez, en prevenir las situaciones que provocan el desamparo, haciendo bueno el refrán de 'matar gorriones a cañonazos'".
Finalmente, añadió que "los expedientes de protección, en multitud de ocasiones, han ido acompañados de grandes polémicas, de escasa protección de los derechos de los implicados, incluidos los menores, y de mínimo respeto a las resoluciones judiciales".
El portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, opinó, en declaraciones a Europa Press, que "tanto los sistemas de protección, de reforma y de educación de la Junta han carecido hasta ahora de una dirección política eficaz, imaginativa e inteligente", señalando "especialmente" los casos de violencia escolar".
A su juicio, "dan la impresión de actuar más en función de una defensa de imagen de sus respectivos departamentos que de profundizar en los problemas y reorientar los sistemas, a pesar de que cada vez es mayor el ruido de fondo de la discrepancia y malestar de los ciudadanos afectados".
Asimismo, criticó que la administración "ha acudido con frecuencia al recurso de culpabilizar al mensajero por alarmista, tratando incluso de influir en los medios de comunicación para que limiten y controlen la publicación de denuncias en función de una supuesta vulneración de derechos de los menores, pretendiendo que las noticias, denuncias o escándalos se hagan invisibles y se escondan bajo la alfombra de cada consejería, creando incertidumbre social y no poca confusión y desorientación entre los propios funcionarios y técnicos de los respectivos sistemas".
