MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tramita quejas de ciudadanos que residen fuera de Andalucía por la exigencia de la administración educativa andaluza de acreditar la condición de andaluz para acceder a las enseñanzas profesionales impartidas por el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía.
Según se recoge en el Informe Anual de 2012 de la institución, hubo ciudadanos que se quejaron por el hecho de que Andalucía requiriera acreditar la condición de andaluz, en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía, para poder acceder a la oferta del Instituto, lo que impidió a los residentes fuera de la región acceder a las enseñanzas que deseaban, al no ofertarse las mismas en la comunidad autónoma en la que residen.
En la memoria se señala que la Junta justificó el establecimiento de ese requisito en la necesidad de establecer criterios que delimiten, de alguna manera, las demandas que debe atender el citado instituto, circunscribiéndolas a la población ubicada en entornos más inmediatos.
Asimismo, la administración regional considera el Instituto como una "institución educativa de ámbito estrictamente autonómico, es decir, fuera del marco educativo común acordado para el conjunto del Estado", por lo que parece razonable que "los destinatarios de su propuesta formativa sean los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía".
De ese modo, la defensora del Pueblo señala que en la actualidad prosigue la tramitación de la queja ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al que ha recordado las obligaciones que tiene el Estado de realizar acciones "destinadas a favorecer que todos los alumnos puedan elegir las opciones académicas que deseen con independencia de su lugar de residencia".
