Cádiz.-Junta pide "respeto" a la actuación judicial en la Operación Karlos y recuerda que ha expedientado a funcionarios

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, pidió hoy "respeto" a las actuaciones judiciales abiertas en relación con la 'Operación Karlos' contra una red para obtener certificados de incapacidad laboral mediante procedimientos ilegales y recordó que la administración autonómica ya ha iniciado expediente disciplinario que puede concluir con suspensión de empleo y sueldo a los tres funcionarios implicados en el caso.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Cervera aseguró que la Junta ya se ha personado como acusación particular en la causa que se está instruyendo como resultado de la 'Operación Karlos' y explicó que se abrirá expediente disciplinario a los tres funcionarios implicados "cuando tengamos conocimiento oficial de los delitos que se le imputan", toda vez que el caso se encuentra actualmente bajo secreto de sumario.

Frente a las acusaciones de los sindicatos Autonomía Obrera y CGT, que aseguran que F.C.L., el funcionario de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI) en prisión por la 'Operación Karlos', era el inspector "que tenía asignado el seguimiento de todos los procesos de bajas por enfermedad o accidente" del personal del SAS en la Bahía de Cádiz con un "poder casi absoluto", el portavoz aseguró que "cuando se lanza una acusación tan severa, hay que aportar pruebas para que no sea más que maledicencia" y pidió "respeto" hacia las "actuaciones judiciales".

Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, también presente en la rueda de prensa, indicó que su departamento "no tiene constancia oficial" de las actuaciones desarrolladas y además "no es competente" en la materia, por lo que criticó que el PP haya solicitado su comparecencia parlamentaria para aclarar si se había producido "algún tipo de negligencia o falta de control" por parte de la Junta.

Según explicó, la Consejería de Empleo desconoce si entre los beneficiarios de certificados de incapacidad laboral mediante procedimientos ilegales figuran "centros de trabajo ficticios", caso en el que su departamento sí tendría competencias en el marco de la "persecución contra la economía irregular", contra la que la administración autonómica ya puso en marcha medidas específicas el pasado mes de noviembre.