SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha atendido el "rechazo por parte de un significativo número de cazadores" a la limitación de zonas en los que se puede practicar la caza según establece la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres pero, sin embargo, considera a diferencia de los cazadores que la ley no presenta irregularidades y la respalda "en aras de la conservación y mantenimiento de los aprovechamientos de las especies cinegéticas".
La institución apoya la nueva regulación autonómica con la novedad de la supresión de los terrenos libres de caza y su transformación en 'zonas de caza controlada', gestionadas directamente o mediante concesión y dotadas de su correspondiente Plan Técnico de Caza, y la considera "ajustada a Derecho y al momento actual".
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor acumula en una contestación los 187 escritos de queja presentados sobre el mismo asunto. Los afectados exponen que la ley excluye los terrenos libres para la práctica de la caza, sin que quede otra alternativa a los practicantes de la misma, según manifiestan, que el ejercicio de aquel derecho en terrenos de las Reservas Andaluzas de Caza, en los cotos de distinto tipo o naturaleza (deportivos, privados, intensivos) y en las zonas de caza controlada.
El informe del Defensor recoge la explicación de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. Señala que el 80,84 por ciento de la superficie andaluza es terreno cinegético bajo las diferentes figuras de Reservas Andaluzas de Caza y cotos de caza en sus distintas modalidades, y que el conjunto de zonas de seguridad y espacios protegidos donde está prohibida la caza representa el 8,72 por ciento del territorio andaluz.
Por tanto, la Junta estima que el porcentaje de los conocidos históricamente como terrenos libre, ocupan en Andalucía el 3,07 por ciento de su superficie, "una escasa superficie del territorio de Andalucía" y sentencia que los "históricos" terrenos libres ese encuentran en una situación de deterioro de las poblaciones de las especies cinegéticas debido a la elevada presión a que han sido sometidas a presiones.
Alude por ello a la ley que "ordena y planifica" el ejercicio de la caza y critica que "la ausencia de planificación en estos terrenos, y por consecuencia de criterios de gestión, ha derivado en una elevada presión cinegética, que ha ocasionado un peligroso descenso cuando no la eliminación total de las poblaciones, por lo que no se asegura de ningún modo el aprovechamiento equilibrado y mantenido en el tiempo".
Para la Administración, cuando en estos terrenos existan unas poblaciones cinegéticas importantes ya recuperadas, debido a la ausencia de caza, se desarrollaría una actividad cinegética pero la gestión correspondería a la Consejería de Medio Ambiente o en concesión administrativa a través de pública licitación a entidades deportivas dedicadas a la caza, con el especial cuidado de que en estas zonas tuvieran acceso los cazadores de menores recursos económicos.
SUPERFICIE
Una parte importante de la superficie forestal de Andalucía (4.424.700 hectáreas) corresponde a montes públicos, 525.845 ha. propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía adscritos a la Consejería de Medio Ambiente y 585.158 ha. propiedad de los Ayuntamientos, lo que supone casi el 25 por ciento del terreno forestal de Andalucía y el 13 por ciento de la superficie total.
En estos montes públicos radican un total de 399 cotos de caza, de los cuales el siete por ciento está gestionado directamente por la Consejería de Medio Ambiente y el 93 por ciento restante por las sociedades de caza, federadas o no. La Junta precisa que estas sociedades representan en Andalucía a un sector de los cazadores sociales más desfavorecidos. De hecho la Federación Andaluza de Caza, con más de 106.000 federados, representa a 1.200 asociaciones deportivas de caza de Andalucía.
"NO IMPACTO"
Por todo lo expuesto, la Junta considera que "la eliminación de los históricos terrenos libres no ha significado un importante impacto en el carácter social de la caza en Andalucía, dado lo limitado de los antiguos terrenos libres reales, erradicándose sin embargo un fuerte impacto ambiental sobre los mismos y evitando cierta alarma social vinculada a la realización sobre un terreno de titularidad privada de una práctica de riesgo y estableciéndose alternativas reales a dichos terrenos".
No obstante, el afectado, en nombre del colectivo de cazadores, contesta que han respetado en todo momento las zonas de seguridad, núcleos urbanos, cañadas y defiende en cuanto al descenso de las especies autóctonas, que "somos muchos los cazadores que con el mero hecho de salir al campo de cacería con escopeta y perro y verlos cazar, disfrutan a la vez de nuestro entorno natural y ocio".
Plantea el afectado como solución una alternativa, imponer un recargo en las licencias de caza para de esta forma hacer frente a repoblaciones de especies cinegéticas que se considere menos abundantes, y rechaza que se elimine los terrenos libres "de un plumazo, donde miles de cazadores de poder adquisitivo bajo y que son los más abundantes, se ven relegados a la inactividad y por tanto desechados para la práctica de la caza".
