SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense ha celebrado este martes una reunión de la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 que ha dado cuenta, entre otros aspectos, del convenio firmado entre el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), y el consejero delegado de la multinacional tabaquera 'Altadis', Juan Arrizabalaga, para que la antigua planta de esta empresa que deslocalizó hace años su producción acoja usos públicos y sociales y aprovechamientos terciarios.
La convocatoria, recogida por Europa Press, comenzaba por la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el 15 de marzo de 2013, y contemplaba en su quinto punto del orden del día el mencionado convenio firmado entre el Ayuntamiento hispalense y 'Altadis', según el cual 15.585 metros cuadrados de la parcela de la antigua fábrica, ubicada en la calle Juan Sebastián Elcano, en Los Remedios, serían cedidos al Consistorio con destino a equipamientos públicos, mientras 'Altadis' contaría con 8.176 metros cuadrados que espera vender para su aprovechamiento en materia de usos terciarios. Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urbana cataloga la finca como suelo industrial, toda la operación requiere obviamente una modificación del planeamiento urbano.
EL CONVENIO DE 'ALTADIS'
Durante la sesión, presidida por Maximiliano Vílchez como concejal de Urbanismo, el gobierno local ha defendido que el convenio tiene por objeto "asegurar y procurar, en el marco de la futura innovación puntual del PGOU de Sevilla, los objetivos de renovación urbana descritos para estos terrenos, así como su integración en el proceso urbanístico de los mismos".
En ese mismo sentido, en el orden del día también figuraba el "estado de tramitación" de las modificaciones del planeamiento urbano "propuestas por el Ayuntamiento", que entre otros aspectos ha impulsado cambios en el PGOU para recalificar los suelos de la antigua comisaría de la plaza de la Concordia, que se conoce popularmente como el edificio de La Gavidia en referencia a la plaza contigua, para suprimir la prohibición de construir aparcamientos subterráneos en el casco histórico y para transformar en puente de tráfico rodado la pasarela peatonal que el PGOU contempla entre la calle Torneo y el sector sur de la isla de la Cartuja.
También figura en el orden del día "las sentencias recibidas que anulan determinaciones del PGOU", toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar un auto sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de diversos artículos del Plan General de Ordenación Urbana, sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico Artístico, siendo además anulados los planes especiales de protección elaborados para un sector y dos subsectores del casco histórico. Hasta la fecha, de cualquier modo, se han contabilizado un total de 18 sentencias desfavorables y de la naturaleza ya descrita.
EL CONFLICTO DE LOS CONVENIOS
El orden del día incluye además una mención a "las demandas por incumplimiento de convenios urbanísticos". Recordemos que allá por 2010, con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) al frente del Consistorio, la Gerencia de Urbanismo admitió haber percibido ingresos por valor de 172.115,560 euros una vez retirados los avales de 55 de los 70 convenios urbanísticos asociados al Plan General de Ordenación Urbana de 2006, un dinero entregado por los suscriptores de estos convenios para la creación de los sistemas generales y viales implicados en los desarrollos urbanísticos estipulados por los convenios en cuestión. No obstante, mediante este montante, el Ayuntamiento hispalense habría sufragado iniciativas como la red de carriles bici, el II Plan de Barrios, la rehabilitación de la Plaza de España o la reurbanización de la Alameda de Hércules.
En este punto ha figurado la decisión de suspender el plazo para resolver la reclamación formulada por las entidades propietarias de los terrenos integrados en el sector de suelo urbanizable ordenado denominado SUO-DMN-01 (Buen Aire), quienes reclaman al Ayuntamiento la devolución de las cantidades ingresadas en 2005 merced a su correspondiente convenio urbanístico, para la ejecución de los sistemas generales previstos para el desarrollo de tales suelos. Y es que se ha entablado una negociación para resolver el conflicto vía acuerdo.
Igualmente, figuraba en el orden del día de la sesión la "incidencia de determinaciones medioambientales europeas en el sistema general viario", toda vez que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha debatido recientemente el impacto del trazado del tramo de la futura ronda urbana SE-35 comprendido entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008, sobre el parque público del Tamarguillo, financiado precisamente con fondos comunitarios.
En cuanto a este último punto, y dado el expediente incoado en el seno de las instituciones europeas, defiende Vílchez que el Ayuntamiento "ha espetado en todo momento las indicaciones establecidas por la Junta de Andalucía como administración competente en materia de protección ambiental", toda vez que no median "nuevos pronunciamientos de la Consejería de Medio Ambiente distintos a los emitidos durante la tramitación del Proyecto de la Ronda SE-35".
