El comité de Mercasevilla cree que Guerrero confirma su tesis del ERE de 2007 como "continuación" del de 2003

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, considera que el testimonio de Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía que rubricó los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007, "confirma" la tesis de que el segundo de los procedimientos, de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo, es "una continuación" del primero, que sí contaba con incentivos autonómicos.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), en declaraciones a Europa Press, advierte de que Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social durante nueve años, "da la razón" al colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007, cuyas prestaciones han quedado paralizadas al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento, pese a los documentos firmados por el propio Guerrero en favor de la participación de la Junta de Andalucía en el pago de las prejubilaciones. "Es la tesis que venimos manteniendo, que el ERE de 2007 es una continuación de 2003", señala Domínguez en cuanto a la relación de ambos procedimientos, pues el primero de ellos fue plenamente incentivado por el Gobierno andaluz.

A tal efecto, ha esgrimido el argumento de Guerrero en cuanto a que otros expedientes de regulación de empleo aprobados e incentivados en Andalucía siguieron el mismo "método" de tramitación del ERE promovido en 2007 en el mercado central de abastos de Sevilla, porque "sabíamos que hay más de 500 expedientes de regulación de empleo" incentivados en Andalucía cuyas "circunstancias" son "las mismas" que este procedimiento en cuestión.

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta. En concreto, la investigación del ERE de 2007 está incluida en las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.

EL TESTIMONIO DE GUERRERO

Aunque Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este escenario, los 9.046.976,95 euros a los que se eleva el coste del ERE figuran como pasivo en las cuentas de la empresa, que cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros. Los prejubilados acogidos a este procedimiento han visto cómo sus prestaciones eran paralizadas y, a tal efecto, sus nóminas están siendo cubiertas por Mercasevilla mediante contratos de préstamo en los que los beneficiarios renuncian a la adquisición de cualquier derecho.

Sobre este conflicto, Francisco Javier Guerrero ha explicado a Europa Press que el expediente de regulación de empleo de 2007 fue "un apéndice" del ERE promovido en 2003, un procedimiento que sí contó con incentivación autonómica. "Era un apéndice del de 2003. Esto estaba negociado", ha defendido Guerrero, quien asegura que este procedimiento recibió "el mismo tratamiento que todos los ERE de Andalucía donde hemos comprometido ayudas". Y es que este ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía ha querido precisar que entonces "no había ninguna regulación específica que amparara las ayudas a las empresas en crisis".