SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido el mes pasado por el Gobierno andaluz contra varios preceptos de la nueva Ley de Montes al considerar que invaden competencias de la comunidad autónoma y vulneran la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
En una providencia hecha pública este miércoles, el alto tribunal admite a trámite el recurso y, como es preceptivo, acuerda dar traslado de ambas demandas al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de un plazo de 15 días para personarse en cada uno de los procedimientos y formular alegaciones.
Junto con el andaluz, el TC ha admitido a trámite otro recurso promovido por el Gobierno de Aragón. El Constitucional ha recordado que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el tribunal resolverá en próximas fechas.
Concretamente, el recurso andaluz admitido a trámite se centra en los apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Disposición Adicional Sexta, que otorgan al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente atribuciones sobre construcción de caminos naturales de carácter básico y secundario; ejecución de obras y labores para su mantenimiento, e incorporación a la red nacional de itinerarios creados por otras administraciones.
A juicio del Gobierno andaluz, "esta red pretende asentarse sobre infraestructuras lineales de competencia exclusiva de las comunidades, como son las vías pecuarias, los caminos forestales o los senderos de espacios naturales". En el caso de Andalucía destacan los más de 24.000 kilómetros de cañadas, cordeles y veredas que actualmente gestiona la Junta.
En la misma línea, la Junta advierte de que la Ley de Montes "otorga al Estado, además, la posibilidad de intervenir en ellos sin contar con la participación de la administración autonómica". El Ejecutivo andaluz recuerda que durante la tramitación de la norma no se hizo mención a este supuesto, lo que ha generado "indefensión" a las comunidades y una "vulneración" de sus estatutos.
