Cortés alerta de que el nuevo régimen de autorizaciones del transporte perjudica al 66% de empresas andaluzas del sector

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha alertado este jueves en el Parlamento de que la modificación que prepara el Gobierno central del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y que afecta al régimen de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera perjudicará "gravemente" a más del 66 por ciento de las empresas del sector que operan en Andalucía, en su mayoría autónomos, pymes y cooperativas, poniendo en peligro la viabilidad de esta actividad.

El nuevo proyecto legislativo del Gobierno central, que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2015, modifica el actual régimen jurídico de las autorizaciones de transporte y limita la posibilidad de transmitir la tarjeta de transporte, al exigir al adquirente un mínimo de tres vehículos, dos de ellos con una antigüedad mínima de cinco meses, para poder recibir el permiso, incluso en el supuesto de los herederos forzosos.

En el caso de Andalucía, de las 10.131 empresas con permisos de transporte de mercancías, 4.606 cuentan con un solo camión y 2.119 disponen de dos, sumando un total de 6.725, equivalente al 66,38 por ciento de los operadores del sector.

En su intervención, la titular de Fomento y Vivienda ha destacado que "esta modificación está siendo contestada de forma unánime por el sector del transporte en España", aludiendo a las denuncias que vienen realizando las diferentes federaciones y asociaciones con representación en este ámbito, como Fetransa, Fenadismer o CNTC.

En ese sentido, Cortés ha subrayado que "desoír a la mayoría del sector va a suponer su merma porque obliga a una serie de inversiones que no se pueden afrontar fácilmente, y obligará a aquel que sólo pueda disponer de un camión a quedarse en casa".

Además, a juicio de Cortés, exigir tres vehículos para acceder al mercado supondrá, en la práctica, que "el que tenga una o dos tarjetas verá reducido su valor patrimonial, ya que deberá necesitar un tercero".

Al respecto, ha matizado que "la propia autorización en sí es un valor patrimonial mayor que el propio vehículo". De igual modo, ha explicado que "dicha limitación afecta también, en caso de fallecimiento o jubilación del titular de la autorización, a los herederos forzosos, provocando una pérdida de empleos, ya que a los pequeños transportistas que se encuentren en esta situación no podrán sucederles nadie".

A juicio de Cortés, "esta medida viene a poner de relieve como el PP gobierna en contra de la mayoría, en contra de las clases trabajadoras, y avanza en regulaciones que perjudican al sector autónomo, pymes y empresas de la economía social para beneficiar a las sociedades capitalistas".

"La modificación persiste, además, en el incumplimiento del Reglamento 1071/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo, cuyo articulado establece las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera", ha añadido.