SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, insta a la Administración Cultural y a los ayuntamientos andaluces a elaborar un plan de protección de los cascos históricos de los municipios andaluces por su innegable valor patrimonial y ante el "serio peligro" que corre su integridad.
Según recoge la Memoria Anual de 2005 de la institución, consultada por Europa Press, el Defensor destaca la gran riqueza patrimonial que atesoran muchos municipios andaluces en sus cascos históricos, en particular, de naturaleza inmueble, y considera que "el mejor sistema para otorgar una protección básica a estos bienes" consiste en la elaboración y aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan medidas de protección para estos espacios.
En concreto, alude a "planes especiales que incluyan catálogos de bienes especialmente protegidos y determinaciones básicas sobre los elementos que deben ser respetados en el curso de las actuaciones urbanísticas que se produzcan en esa zona".
Así, Chamizo subraya como uno de los "principales retos" de la Junta de Andalucía en materia cultural "impulsar el proceso de elaboración, aprobación y gestión de un planeamiento de protección para las ciudades andaluzas con conjuntos históricos de cierta relevancia".
Señala que este proceso ya se inició hace varios años pero lamenta que "parece incapaz de avanzar al ritmo que sería necesario para garantizar la protección de un conjunto de bienes de innegable valor patrimonial y cuya integridad corre serio peligro".
Por esta razón, ante la existencia de un número importante de municipios andaluces que, teniendo un casco histórico de gran valor patrimonial, siguen sin contar con planeamiento de protección, el Defensor del Pueblo Andaluz hace un llamamiento a las administraciones culturales andaluzas y, particularmente, a la Consejería de Cultura y a las Entidades Locales, "para que se fijen como objetivo prioritario en materia cultural la elaboración y aprobación de los planes especiales de protección que aún restan por ser aprobados".
AGILIDAD EN LOS TRAMITES
Del mismo modo, considera necesario que se agilicen al máximo los procesos de deliberación previa, elaboración y aprobación de los planes especiales de protección ya que, según avisa, "la excesiva duración de estos pueden provocar situaciones de inseguridad jurídica e importante perjuicios económicos para los ciudadanos afectados por dichos planes y poner en riesgo la indemnidad de algunos de los bienes que se pretende proteger".
De esta manera, Chamizo advierte que el mero planteamiento a nivel de debate político de una posible iniciativa en este sentido "ya es suficiente para provocar reacciones entre los ciudadanos y las empresas que podrían verse afectados por tal planeamiento, que con bastante frecuencia se traducen en movimientos especulativos de compra y venta de terrenos o en un inusitado incremento de las solicitudes de licencia urbanística para la demolición o la trasformación de inmuebles ubicados en la zona que se prevé afectada por el futuro plan".
En la misma línea, rechaza que se cree un periodo de incertidumbre para muchos propietarios que, "además de desconocer cual va a ser el destino final de sus inmuebles, se ven imposibilitados de acometer obras que a veces tienen planeadas desde hace largos años y consideran necesarias para mejorar su calidad de vida".