Dependencia.- El CES señala que la oferta de servicios es "insuficiente" a pesar de los avances y confía en la ley

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) señala que la oferta de recursos sociales en Andalucía, "si bien ha experimentado un avance continuado, presenta problemas derivados de la insuficiencia de los servicios ofrecidos, de forma que la mayor parte de la ayuda a domicilio no es realizada por profesionales sino por la propia familia", por lo que confía en que la Ley de Dependencia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, subsane estas carencias.

En el anexo de actualidad al Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía 2005, consultado por Europa Press, el CES entra a valorar la situación de las personas dependientes en la comunidad andaluza y concluye que la oferta de servicios sociales para atender a personas en situación de dependencia en Andalucía "se muestra claramente insuficiente para cubrir la creciente demanda de dichos servicios",al igual que en el conjunto del Estado.

Asimismo, expone que dicha oferta, constituida por servicios de atención domiciliaria --SAD, Teleasistencia, Centros de Día--, como residenciales --residencias y centros de estancias temporales--, tiene un carácter predominantemente público en los servicios domiciliarios, especialmente en cuanto a financiación, y privada en los servicios residenciales.

El informe del CES subraya que, si bien, casi todas la comunidades autónomas han desarrollado normativas que cubren las situaciones de dependencia en el ámbito de sus competencias en Servicios Sociales, "la inexistencia hasta ahora de una regulación única al respecto, ha originado notables diferencias en los niveles de cobertura a nivel regional, lo que ha incidido en que la situación de dependencia sea asumida de forma individual por el afectado y sus familiares, constituyendo la base del denominado 'apoyo informal' de las personas dependientes".

"Esta situación, en la que la familia se convierte en el principal recurso de atención a las personas mayores dependientes, está generando una intensificación en la discriminación de género, toda vez que el perfil predominante del cuidador es de una mujer de mediana edad que soporta una fuerte carga de actividad, tanto en el número de horas como en duración de la atención y cuidados prestados". Unido a ello, prevé que el aumento de la tasa de actividad femenina generará una disminución del número de cuidadoras informales --hijas, nueras y nietas--, y exigirá una mayor demanda de servicios sociales domiciliarios y residenciales.

No obstante, valora que la mayor concienciación del problema, a todos los niveles, de la Administración pública, ha supuesto que, a nivel autonómico se amplíen en número y desarrollen, por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, actuaciones específicas y coordinadas con otros ámbitos de actuación para mejorar la situación de las personas dependientes y sus familias.

LA LEY

Además, destaca que en el ámbito nacional, la preocupación por dicho problema se ha elevado a un nivel máximo hasta alcanzar el desarrollo normativo de lo que ha dado en denominarse el "cuarto pilar del Estado de Bienestar", mediante el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, y que reconoce el derecho universal y público para todos los españoles mayores de tres años que no pueden valerse por si mismas, a ser atendidos por el Estado.

"Con ello, las personas dependientes en España, en general, y en Andalucía, en particular, contarán con una de las normas más avanzadas de Europa sobre autonomía personal y atención a personas mayores en situación de dependencia", concluye el análisis.

PREVISIONES

Según las previsiones de la Junta, unos 264.000 andaluces se beneficiarán en 2015 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia que elabora el Gobierno una vez se aplique en su integridad, mientras que serán 35.000 las personas dependientes en Andalucía que a partir del 1 de enero de 2007 se enmarcan en la primera fase de prestaciones, destinada a los dependientes con mayor grado de dependencia.

De las personas dependientes en la comunidad el 73,1 por ciento son mayores de 65 años. En cuanto al grado de dependencia, la primera fase beneficiará a las personas con grandes dependencias, el 12,8 por ciento; y gradualmente atenderá a las dependencias severas o graves (27,2) y a las dependencias moderadas (58,7).