Ecologistas en Acción culpa a la Junta de "cargar" en el usuario el impuesto ecológico de agua y anuncia una campaña

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción culpó hoy a la Junta de Andalucía de "cargar" al usuario los problemas con el agua al establecer un impuesto que incrementa la tarifa del deficitario recurso y anunció la puesta en marcha de una campaña de objeción fiscal a la que se sumarán otros agentes sociales como sindicatos, universidades o consumidores.

En declaraciones a Europa Press, el representante de Ecologistas en Acción en el Consejo Andaluz del Agua, Antonio Figueroa, compartió con la Administración que el precio del agua en España es "bastante barato" y coincidió en gravar su consumo para mejorar su depuración y calidad. Sin embargo, rechazó el modelo a aplicar en la próxima Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua diseñado por la Junta.

Así, Figueroa consideró un "error" que se excluya del impuesto del agua a la agricultura de regadío y sólo se la admita en el caso de que sea contaminante. "Los datos nos dan razón porque 1,2 millones de andaluces consumen agua de boca infectada con los contaminantes que se utilizan para el riego del olivar mientras la Administración hace oídos sordos, al igual que ignora el impacto de la agricultura intensiva en los acuíferos de Huelva y el levante almeriense", expuso.

De igual forma, Figueroa dijo que la organización conservacionista no entiende cómo se excluye del impuesto ecológico del agua al sector hidroeléctrico "con el impacto que tienen las presas hidroeléctricas".

El responsable de Aguas de Ecologistas en Acción defendió por último un precio del agua por tramos, cuantificado en volumen al mes. Así, sería gratuito para las necesidades vitales como higiene y alimentación; un segundo tramo para aquellas tareas domésticas y un tercer tramo para los usos superfluos del agua que deberían tener un precio más elevado.

Según la Administración andaluza, con las tarifas actuales por consumo de agua "las cuentas no salen" y abogan con un próximo impuesto ecológico llevar a cabo la mejora de las estaciones depuradoras. Una estimación de la Consejería de Medio Ambiente prevé tres euros por familia y mes y una implantación progresiva durante tres años a partir de la aprobación de la ley.