Ecologistas-Sevilla señala el juicio de las detracciones ilegales de agua afectando a Doñana y avisa de "reincidencia"

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha señalado este miércoles el juicio celebrado los días 10 y 31 de marzo por el Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla, contra unos hermanos para quienes la Fiscalía reclamaba inicialmente cuatro años y medio de cárcel para cada uno de ellos por presuntos delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público hidráulico, cometidos supuestamente al extraer de un acuífero que surte al Parque Nacional de Doñana aproximadamente "el doble" del agua cuya detracción tenían autorizada, para riegos en su finca de Aznalcázar.

En espera de la sentencia de dicho juicio, el colectivo expone que "las extracciones de agua ilegales de Hato Blanco Viejo han contribuido al deterioro del acuífero y a los efectos perversos de ese deterioro en los ecosistemas del parque, especialmente preocupantes en una zona donde el acuífero se encuentra semiconfinado, bajo decenas de metros de arcillas impermeables y en contacto con aguas salobres, por lo que su recuperación es muy difícil ya que su sobreexplotación lo saliniza de forma irreversible".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son José María, Ana María, Antonio, Ernesto y Francisco C.P., copropietarios de la finca Hato Blanco Viejo, ubicada en Aznalcázar e inscrita en el Catálogo de Aguas Privadas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), unos terrenos dedicados a cultivos de arroz y algodón, contando para ello con una autorización de riego, "condicionada a unos volúmenes máximos anuales".

Y es que la finca "se asienta en el acuífero Almonte-Marismas, que alimenta al Parque Nacional de Doñana", un espacio de máxima protección por sus valores naturales excepcionales, declarado Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

"INCUMPLIMIENTO REITERADO"

En ese marco, la Fiscalía indica que "pese al conocimiento de la naturaleza del espacio sobre el que se asienta la finca y de los condicionantes impuestos", los acusados "han incumplido de forma reiterada y consciente las limitaciones impuestas, detrayendo volúmenes de agua muy superiores a los autorizados con el consiguiente riesgo para el ecosistema y trasvasando agua de la zona norte a la zona sur, para lo cual tenían instalada una tubería de grandes dimensiones".

Desgranando hasta 13 expedientes o resoluciones administrativas promovidas por la Administración contra estas personas a cuenta de los hechos descritos, la Fiscalía expone que pese a ello, los acusados "continuaron detrayendo volúmenes de agua muy superiores a los autorizados", de los años 2008 a 2013, "que son los afectados" por este procedimiento judicial.

"El exceso anual de agua detraída ha duplicado" todos los años "los volúmenes permitidos, superando significativamente las necesidades de los cultivos explotados", indica el Ministerio Público, avisando de que los hechos son incluso "más graves" teniendo en cuenta que la masa acuífera afectada "se encuentra en mal estado cuantitativo tras sufrir un descenso significativo a lo largo de los años".

"MÁXIMA IMPORTANCIA" DE LA AFECCIÓN

"La importancia es máxima desde el momento en el que, al descargar" el acuífero afectado "aguas subterráneas en cauces, caños, humedales, praderas y en la marisma", este tipo de recursos suponen "la principal fuente de aportación para el mantenimiento de los hábitat protegidos, siendo muchas las especies estrechamente ligadas al medio acuático", alerta la Fiscalía.

A tal efecto, la Fiscalía atribuye a los encausados un daño al dominio público hidráulico cuyo valor ascendería a 1.967.617 euros por tales hechos cometidos entre 2008 y 2013, achacándoles presuntos delitos contra el medio ambiente y de daños.

Dado el caso, antes del juicio el Ministerio Público reclamaba inicialmente para cada uno de ellos tres años de prisión por el presunto delito contra el medio ambiente y un año y medio más de cárcel por el supuesto delito contra el dominio público hidráulico, así como sendas multas que suman 18.000 euros, siempre para cada uno de ellos.

DETRAÍDO "UN VOLUMEN INMENSO" DE AGUA

Ecologistas en Acción avisa que merced a los presuntos hechos atribuidos, los acusados extrajeron "de forma ilegal en ese periodo 2008-2013 un volumen inmenso: 12 millones de metros cúbicos de agua, capaz de llenar hasta 4.000 campos de fútbol con un metro de altura de agua".

Ello, según aseguran, después de que la Justicia ya les impusiese "una multa de 601.012 euros con la obligación de indemnizar los daños ocasionados al dominio público hidráulico en la cantidad de 1.123.416 euros, así como la de abstenerse de realizar cualquier explotación de los pozos denunciados, pero hicieron caso omiso". "Nos encontramos pues ante una explotación agraria persistentemente reincidente en su actuación al margen de la ley y que desobedece reiteradamente" a la Justicia, indica Ecologistas en Acción.