Testifica en un juicio contra una de las principales portavoces de la Corrala
SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La exconsejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés (IU-CA), durante la concentración celebrada en apoyo a María Yanes, una de las portavoces del colectivo bautizado como Corrala Utopía, conocido por habitar sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, ha defendido que la "verdad" del asunto no es otra que estas personas actuaron movidas por "una situación de emergencia social".
En declaraciones a los medios de comunicación, Elena Cortes, quien asiste "como testigo propuesto por la defensa" al juicio señalado por el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla contra María Yanes por un presunto delito de usurpación, ha expuesto que las personas y familias que protagonizaron el movimiento de ocupación de la Corrala Utopía "estaban en una situación de emergencia social" a causa de la falta de recursos económicos y "se organizaron para alcanzar su derecho humano a la vivienda". "Esa es la verdad", ha defendido Elena Cortés.
Y es que "en España y Andalucía sigue habiendo cientos de miles de viviendas deshabitadas, la inmensa mayoría de ellas en manos del poder financiero, de los bancos que han especulado con la vida de la gente, mientras sigue habiendo cientos de miles de personas que claman por una vivienda, por su derecho humano a la vivienda".
"VÍCTIMAS DE UNA EMERGENCIA HABITACIONAL"
El secretario de Organización de IULV-CA, Toni Valero, ha expuesto de su lado que la federación de izquierdas muestra su "absoluta solidaridad" con los miembros del colectivo de la Corrala Utopía, quienes eran "víctimas de una emergencia habitacional" que persiste a día de hoy en Andalucía, sobre todo por "la parálisis de la Junta de Andalucía" en materia de vivienda después de "la gran labor" de la Consejería de Fomento y Vivienda cuando estaba dirigida por Elena Cortés. "Este es un juicio injusto", ha avisado reclamando públicamente la absolución de María Yanes.
María Yanes, recordémoslo, está acusada de un presunto delito de usurpación y la Fiscalía pide para ella una multa de 720 euros, toda vez que Ibercaja, propietaria de las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, no figura ya en el procedimiento judicial. El juicio, además, se celebra después de que los dos primeros miembros del colectivo de la Corrala Utopía sometidos a juicio hayan sido absueltos, también a manos del Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla.
La juez de la citada instancia judicial, así, absolvía recientemente a Maximiliano Salazar y Jesús Antonio Aguilar del delito de usurpación por el que la Fiscalía pedía para cada uno de ellos el pago de una multa de 720 euros, alegando aunque que "este tipo de ocupaciones no pueden ser amparadas legalmente", pues de lo contrario se generaría "un efecto llamada", es necesario tener en cuenta el "estado de necesidad" de estas personas, así como "el escaso tiempo de ocupación" del inmueble.
LA CORRALA
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones.
Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad Residencial Murillo, si bien Ibercaja se retiró del procedimiento judicial después del desalojo.
El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.
Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.
EVALUACIONES SOCIALES
Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.
Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".
