SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La exjefa del servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo María Isabel Evans López ha declarado este miércoles como imputada ante la juez que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla y ha asegurado que "no sabe" quien debía emitir el informe sobre la terminación de las obras de urbanización que, según la instructora, era necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación a Sanma --que finalmente ganó el concurso--.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha tomado declaración a lo largo de la jornada de este miércoles tanto a María Isabel Evans como a la que fuera subjefa del servicio de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo --que ya compareció una primera vez ante la juez en el mes de diciembre de 2010--, a quienes la magistrada imputa dos presuntos delitos de prevaricación.
Ambas declaraciones se han celebrado después de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla haya comunicado a la juez que la licencia de primera ocupación concedida en el año 2009 --cuando el Ayuntamiento estaba gobernado en coalición por PSOE e IU-- a Sanma, filial de Sando, se otorgó sin que se hubiera realizado de forma previa un informe relativo a las obras de urbanización.
Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya imputa a María Isabel Evans haber "omitido" respecto de la licencia de edificación de Sanma el preceptivo traslado al servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales, todo ello a pesar de que "conocía desde el 2004 que este mismo servicio ya se había pronunciado con motivo de la licencia de Larena 98 precisando la terminación de las obras de urbanización para la concesión" de dicha licencia de edificación.
Según la magistrada, esta imputada "no exigió el certificado de la finalización de las obras de urbanización cuando se solicitó la licencia de primera ocupación", permitiendo de este modo "la concesión de la misma por el gerente a sabiendas de que las 14 naves industriales y el edificio de oficinas carecíaN de la infraestructura eléctrica necesaria e imprescindible para ser utilizados".
Pues bien, la exjefa del servicio de Licencias ha defendido que "entre sus misiones no estaba la tramitación de los expedientes", sino "supervisar los informes técnicos emitidos" por el servicio de Licencias, añadiendo que el "pase" del expediente de licencia de Sanma al servicio de Obras "lo hacía la sección administrativa, y como supervisora de dicha sección" la propia Emilia Barrial.
Ha dicho desconocer el informe sobre el expediente de Larena realizado en 2004 por el entonces jefe del servicio de Obras, Luis Gómez, en el que "se decía que la concesión de la licencia de edificación estaría condicionada a la conclusión de las obras de urbanización", pues su intervención en el expediente de la licencia de Sanma "fue el mismo que en el de la licencia de Larena".
"LICENCIAS DE OBRAS CONDICIONADAS"
La imputada ha relatado que en el momento de tramitar la licencia "no conoció que se había acordado la simultaneidad de las obras de edificación con las de urbanización" y ha opinado que la licencia de obras "se pueden dar pero condicionada a la terminación de las obras de urbanización", señalando que el servicio de Licencias "da muchas licencias de obras condicionadas".
Centrándose en la licencia de primera ocupación, ha señalado que "no sabe" quién debía emitir el informe sobre la terminación de las obras de urbanización, puesto que "ha visto informes realizados por el servicio de Obras y también por la oficina de ejecución del plan", precisando que a partir de marzo de 2008 "tenían instrucciones de remitir el expediente completo" de primera ocupación al servicio de Coordinación de Vía Pública, mientras que antes de ese año eran el servicio de Proyectos y Obras y el servicio de Conservación los que informaban sobre las obras de urbanización.
"Cuando este informe venía devuelto, lo recibía un auxiliar administrativo y si era favorable continuaba el trámite del expediente", punto en el que la juez le ha preguntado "si tenían instruido" a dicho auxiliar "para que distinguiera en el informe favorable del servicio de Coordinación si existía alguna mención también favorable de la culminación de las obras de urbanización", a lo que ha contestado que "entiende que esto no es tarea" de un auxiliar administrativo.
OBRAS DE URBANIZACIÓN
A juicio de la imputada, cuando envía el expediente al servicio de Coordinación "son ellos los que tienen que recabar los informes correspondientes, inclusive el de urbanización", añadiendo que cuando los informes "venían de los servicios exteriores" éstos "no pasan por las manos" de ninguna de las imputadas.
La imputada ha considerado "como requisito imprescindible para la concesión de la licencia de primera ocupación que las obras de urbanización estén terminadas", aunque ello "con carácter general", ya que "se han dado casos recientes en que se han concedido licencias de ocupación pendientes de la terminación de las obras de urbanización", como por ejemplo en el caso de las obras del Polígono Aeropuerto, aunque para que ello ocurra "ha de existir un informe previo de Luis Gómez en el que se establece que no hay inconveniente para el otorgamiento de licencia de ocupación aún cuando las obras de urbanización no estén recepcionadas".
"Hubiere hecho falta el certificado de final de obras de urbanización", ha dicho, precisando que en el informe favorable de Vía Pública "no se hace mención a que las obras de urbanización estuvieran terminadas".
LICENCIA DE EDIFICACIÓN
De su lado, la juez ha imputado a Emilia Barrial no haber remitido la licencia de edificación de Sanma al servicio de Obras de manera "intencionada", puesto que "sabía que dicho servicio o bien emitiría informe desfavorable o exigiría la prestación de aval para las obras de urbanización aún no finalizadas", mientras que, por lo que se refiere a la licencia de primera ocupación, "omitió la orden" de que este servicio emitiera informe "visitando la obra porque sabía que las obras de infraestructura eléctrica no estaban concluidas", lo que "impediría la concesión de la licencia de primera ocupación".
Barrial ha dicho que "no participó para nada" en la licencia de primera ocupación y que únicamente "tramitó dos pases" al servicio de Obras "para informes con reparo", pero "no ha ordenado nada ni ha tenido conocimiento de nada", añadiendo que el expediente de licencia de ocupación "se pone en marcha y se remite a los diferentes técnicos que deben informar, que son quienes dan instrucciones de quién tiene que informar el expediente".
La juez le ha preguntado si es cierto que ni ella ni la anterior imputada solicitaron certificación de finalización de las obras de urbanización, y ha aseverado que "es cierto, ya que por lo que se refiere" a ella "no ha tenido prácticamente intervención en ese expediente".
"De acuerdo con la ley es cierto que debería existir un informe por parte del servicio de Obras que determinara que las obras de urbanización están concluidas; lo que ocurre es que en la práctica, por criterios muchas veces no adecuados a la lógica y más bien políticos, se agrupaban determinados servicios", ha dicho la imputada según recoge el acta, aunque su letrado ha protestado al entender que "no se ha consignado la respuesta" de su cliente.
Por último, ha afirmado desconocer si finalmente llegó el informe procedente del servicio de Obras.
