Facturas.-Montaño recuerda que el PSOE ya asumió sus "responsabilidad política" con los ceses de Marín y García

Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 5 marzo 2009 15:42

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de PSOE e IU-CA, Maribel Montaño (PSOE), mostró hoy el "acatamiento" del Ayuntamiento hispalense a la sentencia que condena a cuatro años y tres meses de prisión al ex secretario del distrito Macarena José Marín y a tres años y nueve meses al contratista José Pardo por sendos delitos de malversación y falsedad documental, pero aseguró que el PSOE ya adoptó las "responsabilidades políticas" correspondientes con el cese de Marín y José Antonio García como concejal delegado del distrito y la baja de los militantes imputados.

En rueda de prensa, Maribel Montaño expresó el "acatamiento" y el "respeto" del Gobierno municipal en cuanto al fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla, que considera probado que los condenados se beneficiaron del cobro de obras no ejecutadas por valor de 5.901 euros. "Parece demostrado que una cuantía de 5.901 euros ha sido objeto de malversación o posible uso indebido", admitió la dirigente del PSOE, señalando antes que el Ayuntamiento posterga su pronunciamiento "definitivo" a la sentencia firme, porque "este no es el paso final" y los condenados gozan de derecho a recurso.

"Hasta que no haya una sentencia firme, no habrá un pronunciamiento más allá", dijo Maribel Montaño. Además, recordó que el PSOE ya asumió sus "responsabilidades políticas" en el pasado con el cese de José Antonio García como concejal delegado del distrito Macarena y la baja de los militantes imputados, si bien la Justicia la Justicia exculpó en su momento a José Antonio García. "Las responsabilidades políticas se tomaron en su momento", resumió.

En cuanto al montante supuestamente defraudado, Montaño comparó la cuantía de 5.901 euros objeto de la causa con la decisión de la Justicia de incoar procedimiento abreviado contra Tomás Alfaro (PA), ex alcalde de Coria del Río, por un supuesto beneficio de más de 750.000 euros a cuenta de un posible delito de prevaricación y cohecho a través de la recalificación de unos suelos propiedad de su familia.

Contenido patrocinado