SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos tildó hoy de "ofensiva liberalizadora" el cuestionamiento que desde Bruselas se está haciendo sobre el actual modelo español de farmacia, al plantear una posible incompatibilidad con las normas comunitarias relativas a la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, una postura ésta de la UE que, por contra, desde el órgano colegial interpretan como "un sometimiento del servicio farmacéutico a las leyes del mercado en función de criterios economicistas y no asistenciales".
En rueda de prensa en Sevilla, el presidente de esta institución colegial, Manuel Arena, arremetió contra lo que consideró "una nueva ofensiva liberalizadora, ya que no es la primera ni será la última, sobre el modelo de proximidad de farmacia". Según alertó, esta política comunitaria, "planteada a instancias del comisario McCreevy", supondría en la práctica y sólo en Andalucía "la desatención de más de 150 núcleos rurales, ya que los municipios con pocos habitantes y las zonas marginales no serían rentables desde un punto de vista economicista".
Al hilo de ello, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jaén, Felipe Trigo, subrayó que en el conjunto de España "existen 2.143 oficinas de farmacia en pueblos de menos de mil habitantes, a las que se añaden otras 1.114 farmacias ubicadas en municipios de menos de 500 habitantes", por lo que se cuestionó que, "con el modelo liberalizador de Bruselas, puedan seguir estas farmacias".
Tanto Arenas, como el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, criticó "la Europa de los lobbies que parecen buscar otros", por lo que se reafirmaron en la necesidad de iniciar en breve una ronda de contactos con la Administración sanitaria andaluza, grupos parlamentarios, distintos colectivos sanitarios, así como otros agentes sociales como organizaciones de consumidores, al objeto de promover un 'contrato social por la farmacia andaluza', como ya avanzaron ayer a Europa Press fuentes de la citada institución colegial.
Según Arenas, éste documento "estará abierto a las iniciativas que puedan partir de la ronda de contactos que mantendremos con la administración y resto de agentes sociales", si bien las líneas básicas de actuación se fundamentarán "en asegurar el futuro del modelo asistencial de farmacia en Andalucía, que permitirá evitar la pérdida de puestos de trabajo, al tiempo que se garantiza que aquellas zonas rurales con poca densidad demográfica no se quedan sin su farmacia, como consecuencia de una liberalización del sector".
"PELOTA EN EL TEJADO DEL GOBIERNO"
Los dirigentes de este órgano colegial justificaron además la elaboración de este 'contrato social' al objeto de que el Ejecutivo central, único que puede dirigirse a la UE a la hora de debatir estas cuestiones, "tenga más elementos y argumentos de los beneficios de nuestro modelo de farmacia frente a la política de Bruselas", a la que acusaron de "excederse" en su ámbito competencial.
Asimismo, insistieron en la defensa el actual modelo de farmacia mediterráneo, "ya que permite ofrecer al ciudadano un servicio farmacéutico de calidad al estar dirigido este establecimiento por un profesional titulado, es decir, con vocación plenamente sanitaria".
OFRECIMIENTO A LA INDUSTRIA Y PRINCIPIO ACTIVO
Arenas invitó también a la industria farmacéutica "a participar en este contrato social", tras mostrarse convencido de que "los ciudadanos españoles no seguirán aceptando la falta de reciprocidad entre el volumen de negocio que nuestros mercado español supone para los grandes laboratorios y las exiguas contrapartidas que recibe España en I+D", declaró.
Este hecho, lamentó, "se acentúa aún más en Andalucía, que representa casi el 20 por ciento del mercado farmacéutico nacional y sólo recibe el 2 por ciento de la inversión total en I+D". Además, hizo alusión a los beneficios de la política de prescripción por principio activo, que ya recoge la Ley del Medicamento tras ser promovida por la Consejería de Salud andaluza, como otro punto básico de la farmacia andaluza en apoyo al modelo de farmacia de proximidad.
DESVANENCIAS
Precisamente esta política de prescripción por principio activo provocó recientemente un desencuentro entre Farmaindustria --la patronal de la industria farmacéutica-- y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
En concreto, la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, se mostró convencida, en una entrevista concedida a Europa Press, de que la advertencia realizada por Farmaindustria contra su departamento por primar en Andalucía la política de prescripción por principio activo "trata más bien de desincentivar a otras comunidades autónomas que, como Cantabria, Las Canarias y, próximamente, Galicia, están siguiendo la estela y el rumbo marcado por nuestra comunidad en esta política de contención y uso racional del medicamento".
Montero replicó así a la advertencia realizada por Farmaindustria, quien dijo barajar la posibilidad de "cesar" en la comunidad andaluza "sus actividades de congresos, formación continuada y cursos, entre otras", al entender que este tipo de prescripción "pueda suponer riesgos de confusión y una menor adherencia terapéutica en los tratamientos de los usuarios", según recogía el pasado julio 'El Global.net'.
Frente a ello, Montero consideró que esta advertencia "es meramente un globo sonda, puesto que nuestra experiencia no alerta de esos riesgos, ni los estudios apuntan a ello, sino justo lo contrario, ya que revelan un alto índice de satisfacción de los usuarios que hacen uso de la prescripción por principio activo".
"Creo que el mensaje de Farmaindustria trata más bien de desincentivar a los profesionales de otras comunidades a que empiecen a prescribir por principio activo", declaró la titular del ramo, quien insistió en que esta advertencia es más bien "una amenaza soterrada contra otras comunidades".