SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número dos de Sevilla ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio relativo a las contrataciones que el alcalde socialista de El Garrobo, Bernardo Halcón Moreno, habría realizado al margen de los procedimientos reglados. El juicio ha quedado visto para sentencia después de que la Fiscalía haya mantenido su petición de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito continuado de prevaricación, el PP haya solicitado diez años por el mismo tipo penal y Bernardo Halcón haya solicitado su libre absolución.
El caso responde a una denuncia del Grupo popular del Ayuntamiento de El Garrobo, tras constatar que en el Consistorio habían sido contratados peones agrícolas "con informes desfavorables del secretario-interventor", siendo dos hermanas del alcalde dos de las personas beneficiadas por estos contratos.
El alcalde de El Garrobo ya reconoció, en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número dos por este caso en julio de 2012, que verdaderamente no medió ninguna "selección" de personal en la contratación de peones agrícolas para el mantenimiento de los parques y jardines del municipio, aunque argumentaba que "las contrataciones eran puntuales y normalmente urgentes e impedían iniciar un proceso selectivo".
Del mismo modo, reconocía que se había venido contratando a peones agrícolas para labores de limpieza, mantenimiento y conservación en los parques del municipio a pesar de que la figura de peón agrícola "no existe" en la relación de puestos de trabajo (RPT) del Consistorio. En su defensa, alegaba que esta práctica se venía acometiendo "desde antes de ser elegido" él mismo como alcalde allá por 1995. También admitió el alcalde socialista que contrató como peón agrícola a una de sus hermanas, pese a un informe que avisaba de la "causa de abstención" que pesaba sobre él dados los lazos familiares.
Pues bien, según han informado a Europa Press fuentes del caso, el Juzgado de lo Penal número dos ha acogido este jueves la vista oral correspondiente al asunto. Durante la vista oral, la Fiscalía ha mantenido su petición inicial de nueve años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público a cuenta de un presunto delito continuado de prevaricación, mientras el Grupo popular, como acusación particular, ha reclamado diez años por el mismo tipo penal y el primer edil ha solicitado su libre absolución.
Durante la vista han prestado declaración tanto el regidor, como los concejales del PP promotores de la denuncia, así como el secretario interventor que redactó los informes en cuestión y diversas personas que fueron contratadas por el Ayuntamiento de El Garrobo.
