Inmigración.- ONG andaluzas rechazan la moratoria del Gobierno para la incorporación laboral de rumanos y búlgaros

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) coinciden en rechazar la moratoria del Gobierno español, tal y como se lo habían solicitado los sindicatos UGT y CC.OO., para la incorporación al mercado laboral de los trabajadores de Rumanía y Bulgaria, miembros de la UE a partir del 1 de enero próximo.

Así, el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, criticó en declaraciones a Europa Press que esta decisión "genera divisiones entre las personas que trabajan, en función de la suerte que les depare su nacionalidad". Expuso que habrá trabajadores de primera categoría, los españoles; de segunda, los comunitarios; de tercera, los comunitarios en el "limbo" como rumanos, búlgaros y hasta hace poco, polacos; e incluso de cuarta y quinta categoría, caso de ciudadanos de régimen general e indocumentados.

Con la moratoria, estos ciudadanos pasarán a tener permiso de residencia y por lo por tanto ya no están expuestos a una posible expulsión mediante la ley de extranjería; sin embargo, están abocados a la marginalidad de la economía sumergida al restringírseles la entrada al mercado laboral, criticó por su parte Apdha en un comunicado remitido a Europa Press.

La Apdha aludió al informe de febrero pasado del Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales, "en el que se concluía que la libre circulación de trabajadores no había provocado perturbaciones en el mercado de trabajo de la Unión a 15, sino que, por el contrario, cada país y Europa en su conjunto se han beneficiado".

La asociación expuso que, en el año 2004, Reino Unido, Suecia e Irlanda optaron desde el principio por mantener sus puertas abiertas a los nuevos ciudadanos del Este y subrayó que estos países han creado más empleo con la llegada de nuevos trabajadores.

No obstante, por encima de las consideraciones de carácter económico, para Apdha prevalecen los criterios de justicia. "Todo ese importante número de ciudadanos rumanos y búlgaros que ya se encuentran en nuestro país se quedan en una situación incompresible de marginalidad; en teoría son ciudadanos europeos, y así lo dirá su tarjeta de residencia, que claramente dirá también que no se les autoriza para trabajar; la integración social se la ponemos difícil".

Por todo ello, Apdha lamentó esta decisión del Gobierno de la Nación "que lleva a miles de nuestros nuevos conciudadanos europeos a vivir al margen de la economía formal, muy a su pesar". "A esto se le llama abocar a la marginación", concluyó.