SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Después de que la provincia de Sevilla haya cerrado el mes de marzo con 3.858 parados menos con relación a febrero, contabilizando no obstante 228.989 demandantes oficiales de empleo frente a los 193.469 registrados en febrero de 2020, antes de irrumpir la pandemia de Covid-19 y la nueva crisis derivada de las restricciones para combatir su propagación, IU ha valorado este descenso pero recuerda que Sevilla sigue "lejos aún de las cifras previas al inicio de la crisis sanitaria y la declaración del primer estado de alarma en marzo de 2020".
Según Manuel Lay, coordinador provincial de IU, estas cifras "no pueden ser comparadas con las de marzo del año pasado (que arrojaban 225.282 parados oficiales), sino con las del mes anterior de febrero de 2020, cuando la crisis sanitaria aún no había repercutido en el empleo y el número de personas desempleadas en la provincia de Sevilla estaba en algo más de 193.000".
Por tanto, "sigue habiendo más de 35.000 sevillanas y sevillanos que tenían trabajo antes del Covid-19 y que ahora no lo tienen", ha lamentado.
El coordinador provincial de IU Sevilla también valora positivamente que "el porcentaje de contratos indefinidos firmados en marzo pasado haya crecido, al igual que el número de contratos fijos acumulados durante el trimestre, si bien no dejan de seguir siendo muy pocos, apenas el 7,5%".
Para Lay, "la reducción del desempleo en el sector servicios y el tirón de la hostelería vuelven a poner el foco en la debilidad de un sistema productivo basado en la temporalidad y la precariedad laboral, algo generalizado en nuestro país, pero muy especialmente en Andalucía. Otro rasgo que preocupa es que la brecha de 60/40 en el desempleo de mujeres respecto a hombres no se reduce en tiempos de bonanza económica, pero empeora sustancialmente en tiempos de crisis".
Por último, el coordinador de IU Sevilla considera que "la preocupación por los trabajadores y trabajadoras que siguen en ERTE debe seguir estando en la agenda del escudo social del Gobierno", apoyando la postura reciente de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "garantizando que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que han permitido en España proteger 3,6 millones de puestos de trabajo de 550.000 empresas, se mantendrán mientras sea necesario".
