SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IULV-CA defiende este jueves una proposición no de ley (PNL) en la Cámara andaluza por la que insta a la Junta a reconsiderar la colaboración público-privada y realizar una auditoría de todos los contratos que existan en la actualidad, que incluya, al menos, los costes procedentes de expedientes de modificación del proyecto de construcción, los importes procedentes de facturas emitidas por la adjudicataria al margen de la concesión, los importes procedentes de la contratación con terceros y la desviación de financiación prevista.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, IULV-CA reclama que el Parlamento andaluz pida al Ejecutivo regional que haga pública dicha auditoría a través del Portal de la Transparencia de la Junta.
Asimismo, pretende que la Junta realice, de oficio y como documentación complementaria de la auditoría, un estudio que evalúe otros modelos de financiación alternativos a los que finalmente resultaron elegidos, así como revisar y evaluar todos los contratos de colaboración público-privada "a fin de valorar las posibilidades de renegociación de los contratos existentes para reducir las obligaciones financieras".
De otro lado, la formación de izquierdas reclama que la Junta no establezca nuevos contratos de colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras ni equipamientos si la decisión no va acompañada de una memoria justificativa, que, tras evaluar modelos alternativos de financiación y una agenda clara de planificación, diseño, control y evaluación de la gestión de la colaboración público-privada, demuestre que el contrato en cuestión mediante este sistema es el más ventajoso para la Junta desde el punto de vista económico.
Y por último, la PNL contempla que se incorpore de forma explícita en la documentación que acompaña a los presupuestos de la Junta información suficiente sobre las operaciones y los compromisos que se contraen a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato de colaboración público-privada.
"ABSORBE LA INVERSIÓN PÚBLICA"
Según explica IULV-CA, la colaboración público-privada "no completa el gasto o inversión pública, sino que lo absorbe". Y recuerda que en noviembre de 2014, la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobó por unanimidad un informe de fiscalización de los contratos por modelo de colaboración público-privada de la Agencia de la Obra Pública de Andalucía que constataba que este modelo colaboración "no cumple ni una sola de las ventajas y certezas con las que se defiende este modelo".
Incidía el informe en que "no se cumple el riesgo y ventura del concesionario y es que la realidad es que es la administración la que ha salido al riesgo y ventura de las obras con múltiples y millonarias modificaciones; no hay precio garantizado, ni tiempo de entrega garantizado; muy al contrario el precio de adjudicación se ha superado con creces al igual que el tiempo de entrega". El informe constata que la administración paga mucho más a lo largo de los años de concesión, del presupuesto, según IU.
Además, dictamina que el endeudamiento que implica este modelo, el compromiso de gasto a futuro, "se hace de espaldas al Parlamento de Andalucía", de manera que, advierte, "se aprueban los Presupuestos sin información ni documentación acerca de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo".
De otro lado, expone que la crisis económica "se está utilizando como excusa para cuestionar la sostenibilidad del modelo tradicional de administración pública prestadora de servicios públicos y, en cierto modo, para impulsar acríticamente las colaboraciones público-privadas", de manera que con este modelo de por medio "no siempre se considera al sector público como opción válida".
Con las normas establecidas, en términos prácticos, según IU, los procedimientos de contratación pública no constituyen una opción viable al suponer un aumento de la deuda pública, "mientras que la colaboración público-privada permite ocultar y trasladar el problema, convirtiéndose así esta fórmula en la única elección posible".
Además, apunta que está constatado que la colaboración público-privada "no cumple con los plazos y presupuestos de construcción mejor que los sistemas tradicionales de contratación", sino que por el contrario este modelo de financiación se adopta, "a pesar de que se asumen compromisos de gasto para futuros ejercicios, que limitan la financiación de nuevos proyectos y produce un encarecimiento relativo que puede alcanzar, en algunos casos, hasta un 60% de desviación".
Explica IULV-CA que otro de los elementos más preocupantes de la utilización de este "perverso" método de financiación es "el alto grado de indeterminación jurídica y conceptual en los contratos, que ha derivado en incertidumbre y opacidad respecto de la propia naturaleza de este fenómeno, así como sobre sus mecanismos de implantación, lo que dificulta cualquier reflexión responsable tanto sobre sus limitaciones como sobre los riesgos contables y presupuestarios que implica".
Asimismo, IU añade que los modelos de licitación competitiva asociados a esta financiación no garantizan el ahorro; "más bien todo lo contrario" ya que los procedimientos de licitación de la colaboración público-privada, "al tener unos plazos y unos costes superiores a los de la contratación pública tradicional, acarrean unos gastos de transacción adicionales a gobiernos y empresas". "La complejidad de la colaboración público-privada supone tanto para la Administración como para las empresas unos gastos legales y contables considerables", sostiene.
También ha rechazado "la supuesta mayor eficacia del sector privado" puesto que "la imagen que se desprende de un gran número de estudios comparativos es la de que no hay diferencia de eficacia"; al tiempo que descarta que la colaboración público-privada "no es necesaria para resolver los problemas de los países en crisis" cuando "no hay evidencia de que los países que más la usen tengan menos problemas fiscales".
"El pueblo trabajador es al final el gran pagador de este modelo. Y la ganadora, la banca y los fondos de inversión, los fondos buitres que obtienen millonarias plusvalías vendiendo y comprando acciones de las infraestructuras", concluye IU.
