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SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de Sevilla que investiga el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A para cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía ha dejado este jueves en libertad con cargos a dos sindicalistas de UGT que fueron detenidas el pasado martes por la Guardia Civil junto a otras 14 personas en el marco de la segunda fase de la operación 'Cirene'.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha dejado en libertad con cargos a Dolores Sánchez, que fue responsable de compras de UGT-A, y a María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de la ejecutiva andaluza de UGT y vocal de la Comisión de Garantías de UGT confederal.
Charpín ha explicado en su declaración ante el instructor que, como jefa del equipo de UGT-A encargado de tramitar las subvenciones, su misión consistía en enterarse de las subvenciones que concedía la Junta y rellenar y justificar los papeles para conseguir dichas subvenciones.
Esta imputada ha defendido que actuó siempre "cumpliendo la Ley y el reglamento de Andalucía" y ha negado que haya participado en un desvío de fondos a través de mecanismos como el 'rappel' o el 'bote'.
De su lado, Dolores Sánchez ha explicado que, como responsable de compras del sindicato, a ella le llegaban órdenes en cuanto a las necesidades de compra, preguntaba si había presupuesto y, en caso afirmativo, efectuaba dichas compras, y ha explicado que en ocasiones podría ocurrir que hubiera una única factura aunque por materiales recibidos en varias entregas.
En estos momentos, se encuentra declarando ante el juez el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, que fuera responsable de las finanzas del sindicato y que fue detenido en Canarias tras comparecer de manera voluntaria ante la Guardia Civil.
Este miércoles, el juez ya dejó en libertad por dos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones a diez representantes de empresas radicadas en Madrid, Jaén y Sevilla, los cuales negaron en sus respectivas declaraciones haber elaborado "facturas falsas" para UGT-A, aseguraron que "actuaron dentro de la legalidad vigente" y que siguieron las "indicaciones, pautas y parámetros" marcados por el sindicato.
Asimismo, fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que una representante de la empresa Siosa de Madrid ha sido puesta en libertad por la Guardia Civil, mientras que dos representantes de la empresa Carpetas Abadías de Agost (Alicante) han sido puestos a disposición judicial en este mismo partido judicial y se prevé que declaren ante el instructor mediante exhorto.
