El juez plantea declarar de especial complejidad la pieza 'política' de los ERE

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El juez Álvaro Martín ha preguntado a las partes si declara de especial complejidad la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

En una providencia fechada el día 3 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado dispone que, "examinadas las actuaciones, dése traslado al Ministerio Fiscal y partes por término de tres días para que aleguen lo que a su derecho convengan sobre la declaración de la presente causa como de instrucción compleja".

En caso de que esta pieza separada se declare de especial complejidad, el juez podría disponer de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.

El 3 de marzo, la juez María Núñez Bolaños atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y declaró compleja la causa matriz de los ERE al considerar que en ella "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas".

De este modo, la instructora ponía de manifiesto en el auto que "es indudable que procede acceder a la petición" formulada por el Ministerio Público el pasado 9 de diciembre de 2015, y ello "a pesar de las alegaciones de las partes y del tiempo transcurrido desde su incoación", pues cabe recordar que la investigación del caso ERE la inició la juez Mercedes Alaya en enero de 2011.

LA PIEZA DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO

Cabe recordar que, en un auto dictado el 17 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas e incluyó dentro de esta pieza separada a 51 ex altos cargos de la Junta.

En el auto se señala que, de los hechos reseñados, pudieran ser penalmente responsables 51 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.

La juez abrió diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de estas 51 personas en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico.

Dentro de esta pieza separada, la magistrada incluye también a los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, a varios exviceconsejeros y exresponsables del IFA/IDEA, a los que fueran miembros del Consejo Rector, y al que fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.