Actualizado 08/10/2012 16:12 CET

La Junta abre las oficinas de intermediación contra desahucios en las provincias con jurídicos y trabajadores sociales

Paralización de un desahucio en Almería
Europa Press/archivo

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto este lunes de manera oficial en siete provincias andaluzas las oficinas de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema, y que estarán atendidas por un equipo especialmente cualificado de licenciados en Derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Según indica la Consejería en una nota, con la apertura de estos siete puntos se completa la red prevista en todas las provincias, ya que la oficina de Sevilla arrancó la semana pasada.

La medida, que forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés, en el Parlamento, se fundamenta en un principio especialmente novedoso, ya que "rompe la neutralidad de la administración ante este drama social".

En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.

Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída.

El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.

La oficina garantiza también "la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social".

FORMACIÓN A FUNCIONARIOS

La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería.

Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.

El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua).

Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

POLÍTICA GENERALIZADA

Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.

A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.