La Junta propone eximir del impuesto sobre el agua durante diez años a las explotaciones agrarias con buenas prácticas

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía propone a los grupos de la oposición en su oferta de diálogo sobre la Ley de Gestión Integral del Ciclo del Agua la inclusión de un impuesto orientado a gravar el consumo "abusivo", que tendrá una repercusión media de tres euros mensuales para consumos domésticos y que incluye una exención por un plazo de 10 años para consumos agrícolas en aquellas explotaciones que "acrediten buenas prácticas" como la instalación de contadores, el uso adecuado de productos fertilizantes y la modernización de los regadíos.

El documento remitido a los grupos políticos por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el impuesto sobre el agua para consumo urbano será "progresivo", de forma que "pagará menos el que menos agua consuma y se penalizará los usos abusivos del agua". Para ello, se establece el pago de 0,18 euros por metro cúbico para consumos inferiores a 12 metros cúbicos de agua; de 0,20 euros para consumos entre 12 y 18 metros cúbicos; y de 0,25 euros para consumos superiores a 18 metros cúbicos.

Respecto al consumo agrario, la Junta propone establecer una exención temporal durante 10 años a cualquier explotación que acredite "buenas prácticas del agua", como la instalación de contadores, el uso adecuado de productos fertilizantes y fitosanitarios y la modernización de regadíos. Pasada esta década de exención, los regadíos tributarán en función del uso del agua y del grado de utilización de productos fitosanitarios o de fertilizantes.

Para ello, se establecen tres categorías: regadíos de buena eficiencia, con un consumo menor a los 5.000 metros cúbicos por hectárea al año, que pagarían 0,0005 euros por metro cúbico; regadíos de baja eficiencia, con un consumo superior a los 5.000 metros cúbicos anuales por hectárea, que abonarían 0,0010 euros por metro cúbico; y regadíos con alto consumo de fertilizantes o fitosanitarios, que pagarían 0,0100 euros por metro cúbico. Por su parte, los usos ganaderos intensivos deberán abonar 0,0300 euros por metro cúbico, que se reducen a 0,0050 euros para usos ganaderos extensivos.

IMPUESTO DE CARÁCTER FINALISTA

Según las estimaciones de la Junta, el impacto medio de este impuesto sobre la actividad agraria, considerando los consumos medios de cada tipo de regadío, varía entre los dos y los 57 euros anuales por hectárea. El impuesto sobre el consumo de agua tiene "carácter finalista", de manera que su recaudación "se aplicará en la recuperación de la calidad del agua y los ecosistemas hídricos así como en la construcción de infraestructuras del agua de abastecimiento en alta y depuración de aguas residuales urbanas".

Este nuevo impuesto sustituye a otras figuras impositivas vigentes como los cánones de mejora de la administración local, el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y el canon de control de vertidos a aguas continentales en las cuencas intracomunitarias competencia de la Junta de Andalucía. En el caso de las cuencas intercomunitarias, fundamentalmente el Guadalquivir), el impuesto del agua se deducirá del canon de control de vertidos a aguas continentales que deba satisfacerse al organismo de cuenca.

El documento de la Junta recuerda que la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea establece el principio de recuperación de costes que obliga a los Estados miembros a repercutir a los ciudadanos los costes de los servicios del agua, incluido los medioambientales, y de conformidad con el principio de "quien contamina, paga", mientras que en Andalucía "esta repercusión de costes no existe actualmente, con un precio medio del agua por debajo de la media española y europea y con importantes diferencias provinciales e interprovinciales de dichos precios".

"EL AGUA, EL SERVICIO PÚBLICO MÁS BARATO"

Según el Ejecutivo andaluz, "el agua es en estos momentos el servicio público más barato y, en consecuencia, el que menor calidad de prestación ofrece de manera media", mientras que Andalucía, junto a Castilla-León y Extremadura, son las únicas comunidades españolas que "carecen en estos momentos de figuras impositivas de carácter autonómico que graven algún aspecto o la totalidad del ciclo urbano del agua".

La propuesta de la Junta también prevé un cambio legal para que la Junta asuma la competencia de ejecutar los proyectos de infraestructuras de abastecimiento en alta y depuración, que hasta ahora venía ejerciendo de hecho en auxilio de los municipios, mientras que se reserva a las entidades locales la gestión de las infraestructuras de abastecimiento en alta y depuración a través de sistemas supramunicipales.

Para la "correcta prestación" de los servicios de abastecimiento en alta y depuración, el Ejecutivo andaluz prevé la creación de la tasa de aducción y la tasa de depuración "con carácter claramente disuasorio y que sólo se harán efectivas en el caso de que la Agencia Andaluza del Agua deba ejercer esos servicios por la no prestación de los mismos por el sistema supramunicipal correspondiente".