Junta propone tener en cuenta a los menores de 4 años y el estado de salud de la población en la financiación sanitaria

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica debe incorporar novedades para garantizar una atención suficiente a las competencias de las comunidades en materia de sanidad, para lo que propone que, además de criterios ya establecidos como la población protegida, se ponderen otros factores como "la población menor de cuatro años y el estado de salud de la población, que puede aproximarse a través de la mortalidad estandarizada por edad".

Así lo recoge la propuesta remitida ayer por la Junta al Ministerio de Economía y Hacienda para la modificación del vigente sistema de financiación autonómica, en la que advierte además de que, dado que las comunidades autónomas deberán asumir "en una proporción fundamental" la gestión de los nuevos derechos y servicios sociales que reconoce la Ley de Dependencia, se deben establecer "nuevas normas homogéneas de necesidad, tomando en consideración no sólo la población mayor, sino también la población dependiente y la renta relativa de cada comunidad autónoma en la medida que se corresponda con el peso previsto para el copago en su financiación".

El documento, titulado 'Análisis de la problemática del modelo de financiación autonómica como base para su reforma. Propuesta desde Andalucía' y al que ha tenido acceso Europa Press, defiende en primer lugar que "todo modelo de financiación debe obtenerse de un diálogo multilateral", de forma que plantea su propuesta como una "aportación" al debate con el Gobierno y el resto de comunidades "elaborada a partir de criterios que puedan ser ampliamente aceptados, y con el ánimo de generar un debate razonable y constructivo que fortalezca una línea de consenso".

La Consejería andaluza de Economía y Hacienda establece como principio general que el "peso determinante" para valorar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas "ha de estar en la población" y señala que otros criterios que se ponderan en el modelo actual, como la extensión superficial o la población envejecida, deben acompañarse de "otros elementos que condicionan ineludiblemente necesidades de gasto distintas en situaciones claramente objetivas".

BLOQUE ESPECÍFICO SEGÚN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR

Para ello, el documento propone en primer lugar "individualizar" un bloque de financiación dedicada a las competencias de educación, "cuyo gasto viene a suponer aproximadamente la mitad del incluido en las competencias comunes", cuya cuantía se calcule "de acuerdo con el peso que cada comunidad tenga en la población en edad escolar", que señala, "sin lugar a dudas", como la "determinante básica del gasto en estas competencias". En su opinión, aplicando este criterio "se llegaría a proceder de forma simétrica en los dos servicios autonómicos esenciales, que son la sanidad y la educación".

En relación con las competencias sanitarias, el departamento que dirige José Antonio Griñán "mantener las variables de reparto asociadas a la población protegida, los especiales consumos que realizan las personas mayores e incluso la insularidad", pero también señala "otros factores que determinan muy directamente el gasto sanitario y deben tenerse en cuenta, como son la población menor de cuatro años y el estado de salud de la población, que puede aproximarse a través de la mortalidad estandarizada por edad".

En relación a los servicios sociales, la Junta señala que "los nuevos derechos sociales que se reconocen a todos los ciudadanos en materia de dependencia, cuya gestión han de asumir en una proporción fundamental las comunidades autónomas, suponen un cambio muy importante sobre la situación precedente", por lo que defiende que "el bloque destinado al cálculo de las necesidades de financiación en servicios sociales deberá aumentar sus dotaciones totales y establecer nuevas normas homogéneas de necesidad, tomando en consideración no sólo la población mayor, sino también la población dependiente y la renta relativa de la comunidad autónoma, en la medida que se corresponda con el peso previsto para el copago en su financiación".

"Tanto la restricción financiera inicial o masa homogénea de financiación, es decir, el volumen total de recursos a distribuir, como las variables de necesidad deberían actualizarse a ejercicios recientes para los que se cuente con datos definitivos, como ha solicitado en cada ocasión de un nuevo pacto la comunidad autónoma de Andalucía", recuerda el documento, que también defiende que "en la masa homogénea de financiación deberían incluirse, en cualquier caso, los recursos derivados de la garantía de evolución de la sanidad al Producto Interior Bruto (PIB)".

DISTINGUIR ENTRE ELEMENTOS DE SUFICIENCIA Y DE NIVELACIÓN

Junto a ello, la Junta sostiene que "las garantías de mínimos y las modulaciones, así como el fondo de renta relativa, deben quedar perfectamente diferenciados de aquellos que se basan en características poblacionales o físicas de las comunidades, separando los elementos estrictamente de suficiencia e igualdad entre todos los españoles de aquellos que persiguen una nivelación entre todas las autonomías, que deberían contar con un mecanismo de financiación específico".

A juicio del Ejecutivo andaluz, los elementos de suficiencia e igualdad y los de nivelación "deben quedar diferenciados porque es preferible contar con un instrumento para cada finalidad, evitando así la actual confusión de los mecanismos, al mismo tiempo que se puede discutir aisladamente la fórmula de cubrir estos elementos temporales y su dinámica".

En este sentido, la Junta defiende que "la aplicación de las nuevas variables sobre la determinación de la suficiencia debería hacerse de forma gradual" y deja claro que "estaría dispuesta a analizar otras distintas cuya incidencia en las necesidades de financiación queden acreditadas objetivamente".