Junta reclama un acuerdo unánime del Parlamento en defensa de intereses de Andalucía en el debate de la financiación

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha abogado este miércoles por un acuerdo unánime del Pleno del Parlamento en defensa de los intereses de Andalucía de cara al debate sobre la financiación autonómica que se va a desarrollar a nivel estatal.

Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara, Martínez Aguayo se ha dirigido especialmente al PP-A para plantearle que diga con claridad en qué está dispuesto a acompañar a la Junta para defender los intereses de esta comunidad.

Aguayo ha insistido en demandar la revisión de la aplicación del actual modelo de financiación, porque se está aplicando incorrectamente desde hace tiempo, por cuanto "a igualdad de competencias, hay una desigualdad de financiación y, en esa desigualdad, Andalucía está por debajo de la media en recursos por habitante".

Martínez Aguayo ha explicado que la experiencia de los dos ejercicios liquidados (2009 y 2010) evidencia la incorrecta aplicación de este modelo de financiación y ha querido dejar claro que Andalucía "no pide un modelo distinto, sino que éste nos de lo que nos corresponde".

Ha expuesto que, conforme a los datos de las liquidaciones efectuadas en 2009 y en 2010, seis comunidades autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, "tienen una financiación homogénea por habitante inferior a la media".

En concreto, la consejera ha apuntado que si en 2009 Andalucía hubiese estado en la media por habitante en financiación homogénea, incluyendo todos los fondos, "habríamos tenido más de 1.000 millones de euros de financiación adicional, y, en 2010, más de 700 millones de euros".

Ha señalado que otra muestra de la "incorrecta" aplicación del sistema es que, en estos momentos de crisis, no garantiza la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal adecuadas, porque la capacidad de las comunidades para incrementar los ingresos tributarios es muy limitada, al tiempo que ha recordado que el Estado es el que tiene máximas competencias normativas para actuar sobre la normativa básica tributaria y sobre los elementos de los grandes impuestos.

En este punto, la consejera ha insistido en reclamar que el Estado comparta con las comunidades la mayor recaudación del IVA, IRPF y de los impuestos especiales.

Otra crítica de la consejera a la aplicación del sistema es que las comunidades autónomas de baja renta son, con alguna excepción, las peor tratadas, toda vez que en 2010, aún incluyendo todas las competencias y el fondo de cooperación --que no está afectado a la prestación de servicios, sino que es un instrumento de equilibrio y convergencia interregional--, Andalucía, Castilla la Mancha, Valencia, Murcia y Canarias son las comunidades "peor financiadas".

Por el contrario, según ha añadido, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares y Madrid reciben una financiación superior a la media.

Todo ello evidencia, según Aguayo, que los fondos del sistema no funcionan bien, ya que no consiguen atenuar suficientemente las diferencias de financiación por habitante. Ha explicado que el Fondo de competitividad no elimina las diferencias de financiación homogénea para competencias asumidas y el Fondo de cooperación tampoco hace desaparecer las diferencias de recursos entre comunidades de mayor y menor renta, algo que se agrava con la caída del FCI para Andalucía en 2013.

Ha recordado que la crisis está siendo responsable en muy buena medida de la caída de ingresos de todas las administraciones, pero oha opinado que "si el Estado tuviese presente en todo momento que una parte decisiva del estado del Bienestar reside en las comunidades y aplicase correctamente el modelo de financiación, actuando con lealtad y espíritu constructivo, las consecuencias de la crisis no estarían siendo tan negativas para nuestros ciudadanos".

Ha insistido en que es el Estado el que tiene la posibilidad de articular un proceso de adecuación de la financiación a las competencias de cada uno, en un régimen de igualdad, dadas las singularidades económicas de cada región.

PP-A, DISPUESTO AL ACUERDO

Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Carmona ha defendido un acuerdo multilateral en materia de financiación autonómica, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "con sensatez, con equilibrio y con sentido común", y huyendo de conseguir "más ingresos sin más". Ha indicado que, sin duda, el sistema en sí que aprobaron en su día los socialistas, "traicionando a los intereses de los andaluces", nos ha "perjudicado" tremendamente. Ha planteado a la Junta la necesidad de coincidir en un proyecto común, aunque a los "catalanes" no les guste, pero ha lamentado que los socialistas "no crean" en el Estado autonómico.

Ha garantizado que el PP-A va a defender los intereses de esta comunidad y que están dispuesto al acuerdo con la Junta. "Todo lo que sea bueno para Andalucía, lo razonable, lo vamos a apoyar, pero el seguidismo a Cataluña, sí que no", ha señalado Carmona, quien ha pedido a la consejera que plantee al PP-A la propuesta que tiene para que la puedan estudiar.

Ha insistido en que los socialistas son los que han "traicionado" a Andalucía con un modelo de financiación ante el que "callaron" y aprobaron en su momento. "Ustedes se han aprovechado de Andalucía y traicionaron a los andaluces, porque votaron con los catalanes y pactaron que nosotros fuéramos más pobres", ha dicho Carmona a los diputados del PSOE-A.

El parlamentario del PSOE-A José Caballos ha manifestado que los socialistas no quieren "peleítas", sino "financiación, euros, ni uno más ni uno menos de los que nos corresponden". No obstante, ha indicado que si no hay euros, sí habrá "pelea", democráticamente, con la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la mano, y ha pedido al PP-A que se "retrate" en este debate y diga qué criterios considera que benefician a Andalucía en el sistema de financiación.

Tras apuntar que no pierde la esperanza de que algún día el PP-A se sume a la defensa de Andalucía, ha abogado por un acuerdo de los tres partidos del Parlamento para defender los intereses de esta comunidad en el debate sobre la financiación. Ha indicado además que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también tiene que "hablar andaluz" y no sólo gallego, catalán y euskera, porque no se pueden aceptar "discriminaciones". "Defenderemos a Andalucía si hace falta también en los tribunales, pero queremos el acuerdo", ha sentenciado Caballos.

El diputado de IULV-CA Ignacio García ha señalado que, sin duda, la aplicación del actual modelo de financiación "perjudica" a Andalucía y el sistema no garantiza en estos momentos de crisis la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal adecuadas. Ha indicado que es necesario que los fondos se apliquen bien para que desaparezcan las desigualdades de financiación por habitante, y que a Andalucía se le abone el fondo de competitividad que le corresponde. Ha señalado que el principal criterio de reparto debe ser la población, pero que también hay que tener otras variables en cuenta, como la tasa de paro.