Actualizado: viernes, 27 enero 2012 19:44
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SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno andaluz ha asegurado en un comunicado que considera "infundada y poco sostenible" la imputación del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, que recoge un auto dictado este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, y ha defendido su gestión.

   Rivera ha sido imputado junto a su antecesor en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez. Ambos han ocupado esta responsabilidad durante la actual legislatura y sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso. La magistrada Mercedes Alaya les imputa a ambos en la causa por no haber detectado la presencia de 'intrusos' en el ERE de la empresa Surcolor.

   En dicho comunicado, la Junta ha manifestado además su "sorpresa por la imputación del director general de Trabajo cuando los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento". El Gobierno autonómico ha lamentado que resulte imputado "un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer este caso,  siempre en defensa del interés público".

   A día de hoy y, sin perjuicio de un análisis más profundo de los hechos que se imputan, la Junta ha considerado "considera poco sostenible y escasamente fundada dicha imputación".

   Al margen de algunas cuestiones administrativas que se aclararán en su momento, según la administración andaluza, la principal imputación es la de ordenar pagos relativos a una póliza en la que se incluían dos personas que no eran trabajadores de la empresa afectada. 

   La Junta entiende que Daniel Alberto Rivera Gómez "no tiene la menor responsabilidad en la inclusión en dicho expediente de personas que no tuvieran derecho a ello". Ha añadido que la póliza de referencia fue tramitada cuatro años antes de que fuera nombrado este director general, que firma la resolución para el pago cuando "no había ningún indicio de irregularidad".

   De hecho, ha recordado que fue Daniel Alberto Rivera Gómez "el responsable político que adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla en cuanto surgieron las primeras informaciones de irregularidades, meses después del acto administrativo por el que se le imputa".

UNO DE LOS RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN

   Además, según ha añadido, Rivera es uno de los responsables de la investigación realizada por la Junta por la que se detectaron los denominados intrusos en los diferentes expedientes, seis meses después de la fecha de la resolución por la que se la imputa hora. En este sentido, el Ejecutivo andaluz ha considerado "infundada" su imputación y ha defendido su gestión.

   Asimismo, ha querido dejar claro que el nuevo auto de la juez será objeto del correspondiente análisis más detenido por parte del Gabinete Jurídico de la Junta, al tiempo que las nuevas peticiones de información y documentación que se hacen serán analizadas por los servicios jurídicos y se tramitarán como viene haciéndose hasta ahora.

   La Junta ha reiterado su confianza en la justicia y la disposición del Gobierno a investigar hasta el final este caso. "Confiamos en que no se haga un mal uso político de las decisiones judiciales y por parte del PP se colabore en la búsqueda de los culpables en lugar de buscar réditos políticos cortoplacistas", ha señalado la Junta en el comunicado.

 

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