IULV-CA pide "desprivatizar" los centros de menores y el PP cuestiona la existencia de un sistema que acredite la calidad en su gestión
SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, destacó hoy el impulso que el Gobierno autonómico está dando a las políticas públicas de justicia juvenil con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de varios anuncios para la contratación de servicios en esta materia.
Así, y según informó Álvarez en comisión parlamentaria, se trata de nuevas licitaciones para la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores y que afectan tanto al cumplimiento de medidas no privativas de libertad --denominadas de medio abierto-- como a las de internamiento.
En este sentido, recordó que el pasado 30 de noviembre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba anuncios para la licitación de diversos contratos, la mayoría con una duración de 42 meses y con un importe global de las prestaciones que se adjudiquen de 18,8 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes en este caso ha quedado abierto hasta el próximo 9 de diciembre.
En este caso, los contratos de los servicios para las medidas de medio abierto con menores infractores que se licitan se refieren a la prestación del servicio para la puesta en marcha y funcionamiento de ocho equipos de mediación para la atención a menores en conflicto social --con un importe de licitación de 2,9 millones--, una comunidad terapéutica para el apoyo y la atención de problemas de drogodependencia durante la ejecución de medidas --1,3 millones-- y un centro de día en la Línea de la Concepción --1,3 millones--.
También se licitan ocho servicios de tratamiento ambulatorio de drogodependencias --3,8 millones--, dos programas de orientación laboral --776.158 euros--, ocho centros de día --5,1 millones--, dos programas de tareas y talleres socio-educativos --593.117 euros-- y ocho servicios de tratamiento ambulatorio de salud mental --2,8 millones--.
MÁS DE 308 MILLONES PARA LICITACIÓN DE CONTRATOS
El anuncio de la consejera se une a la reciente publicación en el BOJA de cuatro acuerdos del Consejo de Gobierno para la licitación de contratos del mismo tipo, en esta ocasión para medidas de medio abierto y también de internamiento, en adecuación a la nueva legislación de contratos públicos. Así, se trataba de cuatro licitaciones, con un importe global de más de 308 millones, dos de las cuales se referían a contratos para la prestación del servicio integral de guarda, reeducación e inserción de menores en centros de internamiento.
También se anunciaba la licitación de contratos para la puesta en marcha de equipos de medio abierto para la ejecución de medidas de libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, permanencia de fin de semana en el domicilio y la prohibición de aproximarse o comunicarse a la víctima o a cualquier otra persona determinada. La población juvenil infractora en Andalucía durante el pasado año ascendió a 10.398 jóvenes, siendo el principal objetivo de la Junta de Andalucía su "reinserción", por lo que hay dos aspectos claves "como son la educación y la prevención".
Los expedientes de contratación de todos los centros y servicios van a seguir el trámite de urgencia, por lo que los plazos se reducirán a la mitad con el objetivo de adjudicar la gestión del servicio público el próximo 31 de diciembre de 2009 y que esté operativo a partir del 1 de enero de 2010.
Por su parte, el parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo consideró que la libertad "es un bien muy preciado que en ningún caso debe convertirse en un negocio o en un objeto de especulación", por lo que puso de manifiesto que los centros de internamiento de menores infractores "no pueden darse a manos privadas", apostando así por su desprivatización. "El Estado debe asumir estos centros con todas las consecuencias", apostilló.
Así, y tras criticar que "ganar dinero con este asunto es impresentable", Sánchez Gordillo indicó que "el 83 por ciento de los centros de menores en Andalucía son privados", y puso como contrapunto que "privatizar las cárceles sería un escándalo, sin embargo la Ley del Menor abrió las puertas a la iniciativa privada".
"SIMPLES PARCHES"
"Lo que pretende hacer la Consejería son simples parches, pero el siglo XXI requiere de bisturí y de otro proyecto", según prosiguió Sánchez Gordillo, quien cuestionó a la responsable del ramo sobre "cuántos centros son absolutamente públicos, si hay voluntad de hacer públicos la totalidad de los existentes, y si se está desarrollando un trabajo para la reinserción de los jóvenes".
Asimismo, lamentó que "en muchos de los centros hay celdas de castigo, y otros muchos se parecen demasiado a las cárceles tradicionales", y abogó por una actuación preventiva por parte de la Administración autonómica "para evitar el delito", así como por la reinserción "efectiva, pues no hay seguimiento del joven cuando sale a la calle".
Por su parte, la diputada del PP María Jesús Botella apeló a la Consejería para que "se ponga las pilas" en este asunto, pues Andalucía "tiene las competencias respecto a los menores infractores desde el año 2000, pero han pasado nueve años y esta competencia está todavía cogida con alfileres y permanentemente en proceso de elaboración".
En esta línea, Botella ofreció la colaboración del PP "para hacer de los centros de internamiento unos centros donde se logre de verdad la reeducación de los menores infractores", cuestionando a la consejera acerca de "si existe en la región un sistema que esté acreditando la calidad en la gestión de estos centros, pues tengo ciertas dudas sobre ello".
"NO EXISTE PRIVATIZACIÓN" DE LOS CENTROS
De este modo, la parlamentaria popular opinó que "no está suficientemente controlada la existencia de unos sistemas para acreditar la calidad de una manera adecuada", asegurando que desde el PP "no descartamos un modelo de gestión privada de determinados servicios, pero ante todo defendemos la eficacia y calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos".
Tras estas intervenciones, tomó la palabra Begoña Álvarez, quien indicó que el objetivo de la Junta en el trabajo con los menores infractores "es que desaparezca el concepto de cárceles y se hable de centros de educación", al tiempo que quiso dejar claro que "no existe una gestión privada de los centros, pues hay que distinguir entre privatización y forma de gestión", así como que se está desarrollando una normativa "para garantizar la calidad de los centros de internamiento".
Además, la responsable autonómica de Justicia señaló que el trabajo de la Junta está encaminado a dar una segunda oportunidad a los menores infractores y aseguró que la región andaluza es una de las comunidades con mayor nivel de reinserción y menor de reincidencia, poniendo como ejemplo que mientras en 2005 el descenso de la reincidencia se situó en un 53,2 por ciento, en 2008 el porcentaje de menores que no han reincidido "nunca más" aumentó al 57,4.
