Málaga.-Consejo.- La Junta se personará como administración perjudicada en la causa judicial de la 'Operación Malaya'

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía se personará, como administración pública perjudicada, en la causa judicial abierta en Marbella (Málaga) como consecuencia de la denominada 'Operación Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de la ciudad. El Consejo de Gobierno autorizó hoy al Gabinete Jurídico de la Junta para que inicie las correspondientes acciones en relación con este caso.

Según informó el portavoz del Ejecutivo andaluz al término de la reunión del Consejo de Gobierno, esta decisión responde a la "incidencia directa que los hechos objeto del sumario tienen sobre las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".

A juicio del Gobierno autonómico, estos hechos "han conducido a una situación de la realidad urbanística de Marbella que puede ocasionar graves perjuicios para la Administración autonómica, obligada a desarrollar políticas e inversiones en defensa del interés general". Ahora se trata de velar, según el portavoz, por que se restituya lo que se ha "saqueado" al Ayuntamiento marbellí.

Asimismo, con este acuerdo se da cumplimiento a la resolución del Parlamento de Andalucía, aprobada el pasado mes de abril, en la que se instaba al Consejo de Gobierno para personarse en la causa judicial "para velar porque se restituya lo saqueado al municipio de Marbella", según recordó Cervera.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que apuntó que la Junta atiende una "voluntad política" expresada por la Cámara autonómica, señaló que "no deja de ser paradójico" que, en relación con este asunto, el PP, la única demanda que ha puesto ha sido para que la Junta no ejerza "unas competencias que le permite la ley", en relación a los recursos de los populares ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de medidas sobre la vivienda protegida y el suelo.

Señaló que el PP "nunca fue a los tribunales" para demandar a Jesús Gil, a Julián Muñoz o a Marisol Yagüe --ex alcaldes de Marbella--, frente a los 470 recursos que la Junta y el PSOE plantearon ante la Fiscalía desde 1991.

La única vez que los populares van a un juzgado, según apuntó, es para evitar que la Junta ejerza una serie de actuaciones en materia urbanística en el municipio que le permite la ley. "No deja de ser paradójico", manifestó Gaspar Zarrías, para quien el PP intenta que no se cumpla una Ley que aprobó el Parlamento andaluz.

Como consecuencia de la 'Operación Malaya' y de la disolución del Ayuntamiento de Marbella, la Junta asumió en junio las competencias urbanísticas y creó una oficina específica para su ejercicio. Además, el pasado 19 de septiembre aprobó y remitió al Parlamento de Andalucía el proyecto de la ley por la que se concederá un crédito extraordinario de cien millones de euros a la Comisión Gestora que actualmente gobierna el municipio de forma provisional.

Con anterioridad a la apertura del sumario, y en relación con las prácticas ilegales que en el mismo se recogen, la Administración autonómica desarrolló durante años una intensa labor en defensa de la legalidad urbanística. Dentro de esta actividad, se llevaron a cabo 389 impugnaciones de licencias urbanísticas, 91 actos de suspensión por órganos judiciales, 117 comunicaciones a la Fiscalía por actuaciones con indicios delictivos, 12 visitas de inspección urbanística, 250 requerimientos para la incoación de inspecciones sancionadoras y 55 requerimientos de revisión de oficio de licencias concedidas irregularmente, entre otras iniciativas.