Málaga.- La Junta cree que "es de Justicia" que todos los bienes incautados restituyan el daño patrimonial a Marbella

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, valoró y consideró como algo "de Justicia" la decisión del Parlamento andaluz de restituir al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) los bienes incautados en la llamada 'operación Malaya' cuando se determine judicialmente.

En declaraciones a los periodistas, la consejera precisó que "es lógico que el Parlamento se preocupe de que todos los bienes incautados vuelvan al Consistorio y sirvan para todas las necesidades financieras que tendrá el Ayuntamiento y para eso se realizarán los trámites jurídicos que sean necesarios".

Precisó que la Consejería "ha trasladado permanentemente y en cada momento a los entes judiciales todo lo que entendíamos que podría ser un delito y desde 1995 se trasladaron más de 115 expedientes pero, dado el volumen de demandas y de licencias que la Junta ha recurrido, ahora se mandará todo el conjunto de los expedientes".

Indicó que la principal preocupación de la Junta es "poner en conocimiento de la Justicia todas las licencias ilegales y al mismo tiempo dar todos los pasos para que Marbella cuente con un Plan General de Ordenación Urbana".

La consejera insistió en la idea de que Marbella "debería tener cuanto antes un Plan General, pues el problema radica en que durante la época GIL se inventó un plan totalmente ilegal donde buscaba el caos para que nadie supiera cuál era la legislación vigente, de forma que el único Plan legal era el PGOU de 1986, mientras que el resto eran fantochadas hechas por los equipos de Gobierno municipal".

"Es necesario que se restituya el plan y rehacer una gran ciudad que está hecha a cachos, de forma que, cuanto antes Marbella disponga de ese Plan General para que se sepan cuáles son las reglas del juego y cuál es el futuro de Marbella desde el punto de vista urbanístico y cómo se solucionan los problemas en todos estos años en esa materia", añadió.

La consejera indicó que se mantendrán todas las fases y pasos necesarios en el proceso de retirada de competencias urbanísticas "y habrá unas reglas del juego claras para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando".

En ese sentido, destacó el papel que tendrá la oficina 'ad hoc' de servicio al ciudadano que se encargará de elaborar el PGOU, que estará digitalizada y donde "todos los ciudadanos puedan conocer cada paso, incluida la comisión gestora".

"TRABAJO CALLADO" DE LOS FUNCIONARIOS

La consejera mostró su "satisfacción" por el trabajo realizado en este asunto y recordó que "aunque las primeras denuncias de licencias datan de 1995, empezamos desde el principio de la época del GIL".

"Los funcionarios de la Consejería no se dejaron amedrentar e hicieron su trabajo y presentaron denuncias ante el Tribunal Contencioso Administrativo donde se ha pedido la suspensión de las obras, pero hasta 2003 no se tuvo el primer auto de suspensión", agregó la consejera, que precisó que estos funcionarios "han cumplido con sus obligaciones en situaciones de incomprensión de la sociedad".

De esta forma, destacó el "reconocimiento por parte de todos los poderes públicos al trabajo callado y permanente de estos trabajadores". "Cada administración y cada ámbito ha estado trabajando en lo que le corresponde, cada una con el marco jurídico que tenemos y ha existido una confluencia de actuaciones", añadió.