Sostiene que la situación de "desgobierno y caos urbanístico" en Marbella se ha visto agravada con la llegada de Yagüe a la Alcaldía
SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para solicitar al Consejo de Ministros que proceda a la disolución del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) se fundamenta en la "contravención sistemática de la legalidad urbanística" por parte del gobierno municipal y la situación de "desgobierno democrático" en el municipio que, según el Ejecutivo autonómico, se vio agravado con la llegada de Marisol Yagüe a la Alcaldía.
El acuerdo del Consejo de Gobierno, que ya ha sido remitido al Consejo de Ministros, repasa en primer lugar las últimas actuaciones de la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella en el marco de la 'Operación Malaya' y pone de manifiesto que se enmarcan "en una situación de suma anormalidad de la gestión municipal", toda vez que Yagüe se ha convertido "en el tercer regidor del Ayuntamiento de Marbella que ingresa en prisión a causa de delitos relacionados con la corrupción y el urbanismo en un periodo de cuatro años" tras sus antecesores, Jesús Gil y Julián Muñoz.
Como prueba del "incumplimiento sistemático" de la legalidad urbanística, la Junta destaca que actualmente se encuentran en tramitación más de 30 procesos penales en los que se encuentran implicados 27 concejales, "entre ellos, y de forma especial, la actual alcaldesa", Marisol Yagüe. Según el informe elaborado por la Junta, "todo este entramado delictivo tiene una estrecha relación con las actuaciones urbanísticas que se vienen desarrollando en Marbella desde 1991, año en que accede por primera vez a la alcaldía Jesús Gil", aunque advierte de que "ha sido el último periodo (2003-2006), el que ha supuesto un mayor desgobierno y caos urbanístico".
De hecho, la Junta sostiene que el mandato de Yagüe "representa el mayor caos urbanístico, dado el incumplimiento continuado de lalegalidad establecida, hasta el punto de que la situación bien merece ser calificada de excepcional" que, en su opinión, "se refuerza desde la consideración de que determinados ilícitos en que se ha incurrido no solamente tienen incidencia en la esfera administrativa, sino que asimismo podrían ser penalmente relevantes", lo que ha provocado que la propia administración autonómica haya puesto en numerosas ocasiones en conocimiento del Fiscal "actuaciones del Ayuntamiento de Marbella que pudieran ser constitutivas de delito".
"CONTRAVENCIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEGALIDAD" CON LAS LICENCIAS
Como ejemplo de ello, el informe señala que "el otorgamiento de licencias ha dado lugar a la contravención sistemática de la legalidad, tanto por el otorgamiento expreso de licencias contrarias a la legalidad como mediante la recurrente inactividad municipal ante la solicitud de licencias contrarias a derecho", lo que ha "obligado a la Junta a impugnar en el período de referencia más de 130acuerdos municipales ante los tribunales de Justicia", de las 400impugnaciones realizadas desde el año 1991 a las sucesivas corporaciones gobernadas por representantes del GIL".
Igualmente, pone de manifiesto que "la actividad de la presente Corporación Loca! se caracteriza por desatender las solicitudes que desde la Junta regularmente se han realizado para que revisase los actos que padecían de vicio de nulidad", más de 40 durante el mandato de Yagüe, junto a otros 250 requerimientos para que procediese a la paralización de presuntas obras ilegales. Según la Junta, esta "falta de colaboración" del Ayuntamiento con otros poderes públicos incluye también la "desatención de resoluciones judiciales" como las ocho providencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) demandando lainmediata y efectiva paralización de las obras objeto del recurso, que ha llegado a la Junta a realizar más de 20 comunicaciones y requerimientos instando a su cumplimiento.
Otras actuaciones no ajustadas a Derecho en materia urbanística destacadas por el Gobierno andaluz se refieren al "incumplimiento generalizado de las órdenes de suspensión adoptadas por la Presidenta-Alcaldesa, la demora injustificada en la remisión de las actas de la Junta de Gobierno Local a la Delegación del Gobierno de la Junta, la inexistencia de libro registro de convenios urbanísticos o la existencia de graves irregularidades en la custodia de los expedientes de licencias".
La Junta también ha detectado supuestos de contravenciónde la legalidad en el "tráfico jurídico de bienes del Ayuntamiento marbellí", entre los que cita "permutas y enajenaciones de bienes inmuebles contrarias a la legalidad, así como concesiones directas para uso privativo de bienes de dominio público afectos a equipamientos o constitutivos de zonas verdes de comunidades de vecinos", lo que, en su opinión, "no sólo supone contravención de la legalidad, sino que incide de modo directo en la calidadde vida de los habitantes de Marbella".
"DESGOBIERNO DEMOCRÁTICO"
En un plano más político, el informe de la Junta alerta sobre la situación de "desgobierno democrático" que vive el Ayuntamiento a causa de la "descomposición" de los grupos municipales surgidos de los últimos comicios, celebrados en mayor de 2003, en los que el GIL logró 15 concejales con 21.971 votos; el PSOE, cinco con 7.905 votos; el PP, cuatro con 7.016 votos; y el PA, tres con 4.529 votos, ya que la actual composición del Ayuntamiento cuenta con 18 de los 27 concejales integrados en cinco grupos mixtos.
En su opinión, "lo extraordinario de la situación no sólo está provocado por los propios conflictos políticos municipales, sino por la marcha del consistorio de los concejales y alcaldes que han tenido que presentar su dimisión tras ser inhabilitados penalmente para el ejercicio de cargo público", ya que 19 de los 27 concejales han sido imputados en causas penales. En el momento actual permanecen imputados 15 concejales (cuatro ediles presentaron su dimisión), delos cuales 10 forman parte del equipo de gobierno municipal, incluida la actual alcaldesa, Marisol Yagüe, lo que, según la Junta, "supone una gravísima rémora no ya sólo para el buen gobierno municipal, sino incluso para la mera gestión ordinaria del municipio en orden a la prestación de los servicios públicos necesarios e imprescindibles para los ciudadanos".
Por todo ello, la Junta concluye que la situación del Ayuntamiento de Marbella encaja en el supuesto de "gestión gravemente dañosa" para los intereses generales del artículo 61.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, ya que considera que la gestión municipal "ha sumido a la ciudad en un caos tal, con interferencia en diferentes parcelas del ámbito de lo público" que la Junta ha iniciado el procedimiento de atribución de competencias en el ejercicio de la potestad deplaneamiento que corresponde a los municipios.
Según el Gobierno andaluz, la actuación urbanística desarrollada por el consistorio "imposibilita la correcta y adecuada prestación deservicios públicos esenciales para los ciudadanos tales como la educación, la sanidad o el transporte", al tiempo que "el otorgamiento de licencias para usos residenciales sobre espacios destinados por el planeamiento a equipamientos escolares, zonasverdes o sistemas generales incide en los diferentes ámbitosmateriales".
Por último, el informe de la Junta recuerda que el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al periodo 2000-2001 calificaba la situación del Ayuntamiento de Marbella como de "quiebra técnica", con una deuda de 130,3 millones de euros, de los que 83,5 corresponden a "anomalías detectadas por las ventas de parcelas y aprovechamientos urbanísticos", y que, según el Gobierno andaluz, "se debe haber agravado"..
