SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las nuevas medidas fiscales incluidas en el decreto-ley de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de Andalucía, aprobado hoy en Consejo de Gobierno de la Junta, tendrán un coste neto inferior a siete millones de euros, según indicó la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que precisó que la subida de tipos impositivos incluida dentro de este decreto ley afectará a 32.000 operaciones, según las primeras estimaciones, mientras que las desgravaciones fiscales incluidas en dicho decreto ley podrían beneficiar a unas 23.800 personas, aunque la cifra puede aumentar.
La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, precisó en rueda de prensa del Consejo de Gobierno indicó que estas medidas "están planteadas desde una lógica de cierto equilibrio, pues, por un lado, las desgravaciones persiguen estimular por un lado al sector de autónomos y a las empresas familiares, y, por otro lado, estas medidas se equilibran con las de progresividad fiscal, que persiguen garantizar la sostenibilidad de las cuentas de la Comunidad".
Esta norma recoge diez medidas, en concreto siete iniciativas directamente orientadas a estimular la inversión empresarial y tres para aumentar la progresividad fiscal. Por ello, indicó que el coste de ambas medidas será "equilibrado", de forma que mientras que las medidas de progresividad fiscal suman ingresos por unos 12 millones de euros, las medidas orientadas a estimular la inversión empresarial mediante deducciones podrían tener un coste de unos 18 millones de euros, de forma que "puede haber un saldo negativo, aunque el coste neto de la aplicación de estas medidas no superará los siete millones de euros netos".
La consejera indicó que estas medidas se tramitarán como proyecto de Ley "como muestra de pacto y voluntad de diálogos", toda vez que, según recordó, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aceptó la oferta de negociación en el último pleno.
Las primeras medidas de deducciones se aplicarán en el tramo autonómico del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las otras tres se refieren a este último tributo en transmisiones de bienes de alto valor.
Respecto a las nuevas medidas, en el IRPF, y con efecto desde el 1 de enero de 2010, la Junta ampliará hasta 400 euros la deducción por autoempleo, sin límite de edad ni distinción de sexo, y hasta 600 euros en el caso de emprendedores de más de 45 años, una medida que tendrá un coste estimado de 350.000 euros. Esta deducción beneficiará tanto a los autónomos que se den de alta a partir del 1 de enero de 2010.
Asimismo, se creará una nueva deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades empresariales andaluzas o de reciente creación que mantengan o generen puestos de trabajo. Esta ventaja fiscal será del 20 por ciento de las cantidades invertidas en el ejercicio y el coste que se estima le da un techo máximo de 17,7 millones de euros.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una de las previsiones es ampliar los beneficiarios de la reducción autonómica del 99 por ciento que ya se aplica en adquisiciones 'mortis causa' de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades domiciliadas en Andalucía. Esta ampliación alcanzará a los parientes de tercer grado, tanto por consanguinidad como por afinidad, pues hasta ahora esta deducción sólo se aplicaba para parientes de primer y segundo grado.
La consejera quiso destacar que además los beneficios fiscales de esta reducción se equipararán a las donaciones o adquisiciones 'inter vivos'. El coste de esta medida será de 617.000 euros.
Aclaró que las empresas beneficiadas deberán tener domicilio social o fiscal en Andalucía.
En el mismo impuesto se crearán dos nuevas reducciones del 99 por ciento. La primera de ellas, con una base máxima de 120.000 euros y de 180.000 en caso de discapacidad, estará vinculada a la donación de dinero a parientes de hasta tercer grado para la constitución o ampliación de empresas individuales o negocios profesionales en el territorio andaluz. La segunda se aplicará por la transmisión 'mortis causa' o por la donación de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones a personas sin parentesco pero con vínculos laborales o profesionales con estas entidades.
La consejera indicó que, respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se amplía de dos a cinco años el plazo para aplicar el tipo reducido por la adquisición de viviendas por parte de profesionales inmobiliarios para su posterior venta.
PROGRESIVIDAD FISCAL
Martínez Aguayo agregó que el decreto-ley se completa con las modificaciones de progresividad fiscal que la Junta introducirá también en este tributo para incrementar los tipos del siete al ocho por ciento en cinco casos de transmisión, esto es, inmuebles para el tramo del valor real que supere los 400.000 euros, con cuya aplicación esperan obtener ingresos adicionales de 7,3 millones; garajes para el tramo del valor real superior a 30.000 euros, donde los ingresos adicionales que se obtendrán serán de 600.000 euros.
La subida impositiva del siete al ocho por ciento también se aplicará en la transmisión de turismos y todoterrenos de más de 15 CV de potencia fiscal; embarcaciones de recreo de más de ocho metros de eslora, y bienes muebles considerados como objetos de arte y antigüedades. Por estas medidas se pretenden obtener recursos adicionales por valor de cuatro millones de euros.
Martínez Aguayo no se mostró a favor de la desaparición ni de la eliminación del Impuesto de Sucesiones, y aunque reconoció que "es un impuesto muy agujereado al ser objeto de muchas desgravaciones y deducciones", consideró que "debe ser objeto de cierta armonización por parte del Estado, pero ese impuesto no debe desaparecer".
Las medidas tributarias recogidas en el decreto-ley forman parte del conjunto de iniciativas de reactivación de la economía andaluza presentadas el pasado 17 de febrero por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ante el Pleno del Parlamento de Andalucía.
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