Málaga es la provincia con más denuncias, la mayoría por captaciones ilegales de agua y por verter escombros en zonas de servidumbre
SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía abrió en el primer semestre de año 706 expedientes sancionadores en el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que abarca parte de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, por infracciones en el dominio público hidráulico, la mayor parte de ellas, captaciones ilegales de agua o apertura de pozos sin contar con la correspondiente autorización.
En un comunicado remitido a Europa Press, la Consejería informó de que Málaga fue la provincia en la que más expedientes se abrieron, concretamente 410; seguida de Cádiz, con 55; Almería con 89 y Granada con 152 denuncias.
Asimismo, a estas irregularidades se sumaron otras que afectan al dominio público hidráulico como son la construcción de muros, la ejecución de caminos paralelos a cauces, destrozos en la vegetación, taponamientos de cañada con desvío de las aguas, abandono de vehículos en cauces, extracción de áridos sin autorización o el vertido de escombros.
El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, recordó que desde el mes de septiembre del año pasado se han enviado más de 15.000 cartas a los titulares de los aprovechamientos de aguas subterráneas, los cuales están obligados a disponen de contadores en cumplimiento de la Ley 10/201 del Plan Hidrológico Nacional, que establece que los titulares de los derechos concesionales están obligados a instalar y mantener los correspondientes medios de medición e información sobre los caudales utilizados.
De este modo, desde la Cuenca Mediterránea Andaluza del Agua se realiza una continua inspección para velar por el cumplimiento del decreto de sequía 240/2005 que afecta a 18 municipios de la provincia de Málaga, concretamente a la comarca del Guadalhorce, a la capital y a la Costa del Sol Occidente.
La mayoría de los expedientes sancionadores fueron abiertos por la Guardería Fluvial de la Cuenca Mediterránea de la Agencia Andaluza del Agua y también por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
