Chamizo pide la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y una línea de ayudas públicas para las reformas
SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La mitad de viviendas de tres o más plantas que existen en Andalucía incumple el Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en la comunidad al no poseer ascensor, lo que significa que en torno a 1.765.513 personas que residen en 580.761 viviendas ven limitada o imposibilitada su movilidad, según ha informado este lunes el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Esta es una de las conclusiones del Informe Especial 'El parque residencial sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad', que el Defensor del Pueblo Andaluz ha entregado este lunes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves, el cual, además, recomienda la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la reforma de los edificios en aras de una mayor accesibilidad o la disposición de una línea de ayudas públicas destinadas a tal efecto.
Según ha recordado el Defensor del Pueblo, el citado Decreto establece en su artículo 106.2 que es obligatoria la instalación de ascensores en todo edificio de dos plantas sobre rasante con más de seis viviendas y en aquellos que tengan tres o más plantas, cualquiera que sea su número de viviendas, condición de que sólo cumplen el 49,21 por ciento del parque residencial de Andalucía con estas características.
Se trata de un "grave problema que afecta a la vida diaria de numerosas personas mayores y discapacitadas" que residen fundamentalmente en viviendas de construcción antigua, lo que el Defensor denomina la 'ciudad heredada', ya que las nuevas construcciones se llevan a cabo siguiendo los criterios técnicos dictados reglamentariamente.
Concretamente, según los cálculos de la institución, un total de 165.075 personas discapacitadas viven en una vivienda sin ascensor. De hecho, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz cuenta con quejas al respecto provenientes, por ejemplo, de una familia que lleva dos años sin salir a la calle al no estar el edificio donde residen lo suficientemente acondicionado; una persona a la que le amputaron una pierna y vive en un sexto sin ascensor o una familia con una hija discapacitada que vive en un tercero sin ascensor.
Entre los obstáculos que existen a la hora de subsanar estas dificultades, Chamizo ha destacado las exigencias derivadas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el Código Civil y el Código Técnico de la Edificación, que "dificultan e incluso impiden la instalación de ascensor en edificios ya construidos", o el quorum exigido por la Ley de Propiedad Horizontal para llevar a cabo reformas de esta naturaleza.
En este sentido, ha reclamado la modificación de esta normativa a fin de que no sea necesario el voto favorable de la mayoría de los propietarios, sino que sólo sea exigible la petición razonada de uno de los miembros de la comunidad de vecinos y de manera que los costes de las obras recaigan en toda la comunidad.
No obstante, recomienda a los ayuntamientos que exijan el "acuerdo máximo de los miembros de la comunidad de propietarios cuando prevean que la reforma planteada pueda generar litigios de índole civil con consecuencias importantes para la comunidad".
Para apoyar esta sugerencia, Chamizo ha pedido también la disposición de una línea de ayudas públicas que sirvan de apoyo a las comunidades de propietarios que tengan dificultades económicas, algo "frecuente", según apunta, en inmuebles de tres o más alturas, en los que residen familias de bajo nivel adquisitivo.
Según estima, el 10% de las comunidades de propietarios en Andalucía no puede afrontar estos gastos, a lo que une los casos en los que estos colectivos "llevan incluso años esperando que las administraciones les faciliten las ayudas comprometidas y retenidas por la crisis para el acondicionamiento de los inmuebles".
Tal y como asegura, las ayudas que existen actualmente "son extraordinariamente limitadas para la demanda existente y aún más para la que va a haber dentro de unos años con el imparable aumento del número de personas mayores".
Según ha señalado, en el año 2008 la Junta de Andalucía concedió unos 95 millones de euros en subvenciones para la instalación de 722 ascensores en la comunidad dentro del Programa de Rehabilitación de Edificios Singulares.
Del mismo modo, demanda que en las ordenanzas fiscales se recojan exenciones en las tasas por licencia de obras y el impuesto de construcciones cuando la licencia tenga por finalidad la supresión de barreras y en el inmueble viva una persona mayor o discapacitada.
Según Chamizo, sin estas acciones "será imposible cumplir el plazo de 10 años (2019) establecido por el Decreto de Accesibilidad para adaptar de forma genérica estas viviendas", un plazo que, por lo demás, considera "excesivo" para atender las necesidades de estas personas con movilidad reducida.
CESIÓN DE SUELO PÚBLICO
Igualmente, ha considerado necesaria la creación por parte de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de una web en la que se recojan de forma actualizada todas las ayudas existentes par este fin.
Asimismo, apuesta porque la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) elabore unas ordenanzas tipo que contemplen normativamente la regulación de estas intervenciones en el marco de la planificación urbanística, del mismo modo que plantea que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda elabore instrucciones técnicas para acometer estas intervenciones de manera integrada con el Código Técnico de la Edificación.
Por otro lado, solicita a los ayuntamientos que sean "flexibles" a la hora de aplicar la Ley de manera que si el edificio, por sus propias características, imposibilita la instalación de un ascensor de manera integrada, los municipios cedan suelo público a tal efecto, ya que se trata de una "necesidad prioritaria".
También solicita que la Junta incorpore las nuevas tecnologías de domótica a adecuar las viviendas y que se tenga en cuenta la feminización del colectivo de personas mayores a la hora de llevar a cabo las reformas.
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