Montero cree que Farmaindustria trata de desincentivar a otras CC.AA con su mensaje de prescripción por principio activo

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Jesús Montero, se mostró convencida de que la advertencia realizada por Farmaindustria --la patronal de la industria farmacéutica-- contra su departamento por primar en Andalucía la política de prescripción por principio activo "trata más bien de desincentivar a otras comunidades autónomas que, como Cantabria, Las Canarias y, próximamente, Galicia, están siguiendo la estela y el rumbo marcado por nuestra comunidad en esta política de contención y uso racional del medicamento".

Montero replicó así a la advertencia realizada recientemente por Farmaindustria, quien dijo barajar la posibilidad de "cesar" en la comunidad andaluza "sus actividades de congresos, formación continuada y cursos, entre otras", al entender que este tipo de prescripción "pueda suponer riesgos de confusión y una menor adherencia terapéutica en los tratamientos de los usuarios", según recogía 'El Global.net'.

Frente a ello, Montero consideró, en una entrevista concedida a Europa Press, que esta advertencia "es meramente un globo sonda, puesto nuestra experiencia no alerta de esos riesgos, ni los estudios apuntan a ello, sino justo lo contrario, ya que revelan un alto índice de satisfacción de los usuarios que hacen uso de la prescripción por principio activo".

"Creo que el mensaje de Farmaindustria trata más bien de desincentivar a los profesionales de otras comunidades a que empiecen a prescribir por principio activo", declaró la titular del ramo, quien afirmó que esta advertencia es más bien "una amenaza soterrada contra otras comunidades".

Así, argumentó que "a ellos --Farmaindustria-- no les preocupa ya tanto que esta política de prescripción se haga Andalucía, puesto que ya está consolidada, sino más bien que la experiencia andaluza sirva de rumbo para otras comunidades que ya están siguiendo esta estela".

"Este nuevo rumbo supondría un cambio de las relaciones comerciales que la industria debería de establecer con el sistema público", subrayó la responsable andaluza de Salud, quien, por ello, reiteró que Farmaindustria "está intentando mandar un mensaje a otras comunidades en donde los profesionales también están planteando la posibilidad de prescribir por principio activo, al objeto de que no se generalice este tipo de política".

NUEVO RUMBO EN LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES

Con todo, se mostró "convencida" de que la industria "no puede utilizar ese tipo de argumentos para poder hablar con la administración a propósito de esta política" de prescripción, por lo que conminó a los responsables de esta patronal "a coger el toro por los cuernos".

"Creo que la principal preocupación que se le plantea a la empresa con este tema es que tienen que cambiar las reglas que hasta el momento imperaban respecto a la promoción de los fármacos", añadió Montero, para quien el "deber" de las administraciones es aplicar "una política eficaz".

Al hilo de ello, Montero afirmó que "no tiene ningún sentido ese globo sonda que han planteado", toda vez que advirtió de que "de cesar en la comunidad sus actividades de congresos, formación continuada y cursos tendrían que verse obligados a explicárselo a los ciudadanos, ya que al final quien tiene que pagar la prestación farmacéutica son los ciudadanos, vía impuestos o vía participación en la compra del producto".

"Los ciudadanos, evidentemente, quieren que los facultativos prescriban el producto que, con la misma calidad terapéutica, tenga un menor coste para el conjunto de la sociedad", aseveró la consejera del ramo, quien recordó que la política andaluza se ha visto refrendada en la nueva Ley de Farmacia.

"La Ley de Farmacia recoge la prescripción por principio activo, siendo para nosotros este aspecto el elemento fundamental que recoge la nueva norma porque establece el mecanismo a partir del cual esa prescripción se tiene que proporcionar", explicó.

NUEVA LEY DE FARMACIA

Así, explicó que su inclusión en el articulado de la nueva Ley supone que, "mientras que antes lo que había era un acuerdo que se dejaba a la voluntariedad de los colegios farmacéuticos y que se firmaba con las administraciones para poder desarrollar esta política, ahora cualquier profesional del sistema sanitario que prescriba por principio activo en una receta médica, independientemente de que se encuentre o no en Andalucía, el farmacéutico está obligado a proporcionar el producto bajo estas condiciones".

Montero sostuvo a Europa Press que la política de prescripción por principio activo permite al sistema sanitario destinar los ahorros que se producen con motivo de esta prestación farmacéutica "hacia la mejora de las infraestructuras y de la calidad del sistema sanitario".

"Este debate en el seno de la sociedad andaluza se vive como un elemento que proporcionar productos de la misma calidad al menor coste y que, al mismo tiempo, alivia sin duda alguna las arcas de la comunidad, permitiendo a su vez utilizar bien el dinero que los ciudadanos ponen a nuestra disposición".

OFRECIMIENTO A FARMAINDUSTRIA, DEBER ETICO Y AHORRO

"Nosotros le hemos elevado muchos ofrecimientos a la industria para que vengan y hablen con nosotros de qué elementos pueden aportar a Andalucía y ver qué proyectos comunes podemos abordar que permitan enriquecer a Andalucía", manifestó Montero, para quien esta política de prescripción "es un deber ético que tenemos con los ciudadanos porque significa una mejor utilización del dinero público, siempre conservando las condiciones de calidad".

"Nosotros --Andalucía-- no sólo ahorramos en términos de utilizar este dinero para otros proyectos, sino que permitimos que los ciudadanos ahorren de sus bolsillos, ya que el 40 por ciento de lo que pagan por su receta los usuarios en activos es un porcentaje sobre el precio del producto", argumentó Montero, quien consideró que, "por tanto, si el producto tiene la misma eficacia al menor precio los ciudadanos ahorran".

"Es verdad que a ellos le cambian la forma en la que promocionan o inducen la prescripción de determinados medicamentos desde el interés legítimo que tiene la industria de tener los mayores beneficios posibles", reconoció Montero, quien frente a ello contrapuso "el interés que tienen las administraciones para hacer sostenible un sistema sanitario que está financiando, en el caso de los pensionistas, el cien por cien de los fármacos y, en el caso de los activos, un 60 por ciento de la receta" --el 40 por ciento restante es sufragado por el propio usuario--.

"NO QUERER ADAPTARSE A LAS NUEVAS NORMAS"

"Me parece que lo que pone de manifiesto Farmaindustria es que no quieren adaptarse a esas nuevas normas que se plantean por parte de la comunidad autónoma y que les tiene que obligar a reflexionar sobre cuáles son las políticas de promoción de medicamentos que en estos momentos ponen en marcha", sentenció.

Por todo ello, afirmó que la política de uso racional del medicamento "pasa por la prescripción por principio activo como una de las medidas fundamentales", aspecto, dijo, "que creo que no tiene vuelta atrás".

"Lo importante ahora es que la industria entienda que las nuevas reglas de relación con el sistema público y, por tanto, plantear cuales son los mecanismos de promoción del medicamento que tienen que permitir seguir defendiendo los intereses legítimos.

Además, consideró que si en Andalucía el gasto en fármacos "implica anualmente unos 1.600 millones de euros, si con nuestra política de esos 1.600 millones logramos ahorrar 120 millones de euros para destinarlos a la construcción de nuevos hospitales o a la contratación de nuevos profesionales, no solo supone una medida bien vista, sino muy valorada".