SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, quiso dejar hoy claro que es una realidad "constatable" que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene en este momento una importante deuda, mientras lamentó que, en alguna ocasión, se haya intentado poner en cuestión los criterios del órgano fiscalizador a la hora de analizar la situación financiera del citado servicio.
En una entrevista con Europa Press, Navas señaló, que según el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad correspondiente al año 2003, la deuda del SAS con acreedores a corto y a largo plazo ascendió a 1.800 millones de euros. "Darle vueltas a esa cifra es una tontería", sentenció Navas, que pidió que, en modo alguno, se pongan en cuestión los criterios del órgano fiscalizador ni su tarea "rigurosa".
En su opinión, esta deuda del SAS se enmarca en un problema general y difícil de resolver como es la financiación de la sanidad en España. Indicó que puede haber distintas "soluciones parciales" para la situación de déficit del SAS, que para unos pasan por la cooperación a la financiación del servicio por parte de los usuarios, de manera que a éstos les costara algo la atención del servicio o por el establecimiento de distintas limitaciones al acceso al servicio para que "no sea caprichoso".
En cuanto a las pérdidas de las empresas públicas andaluzas, Rafael Navas manifestó que siguen siendo elevadas, toda vez que en 2003, de acuerdo con el informe de fiscalización de la cuenta general correspondiente al citado año, ascendieron a 87,8 millones, que se hubieran elevado a 773 sin subvenciones de la Junta.
Sobre la situación del sector público andaluz, indicó que los técnicos de la Cámara de Cuentas han constatado que en Andalucía se produce una situación en la que la administración, en la búsqueda de la eficacia a toda costa, utiliza un instrumental, como las sociedades mercantiles o fundaciones, que, con toda seguridad, está pensando para otras cosas.
"Está pensado para formas de actuar en el sector privado y no en el público, pero sin embargo, el sector público las aprovecha para buscar una mayor eficacia", indicó.
A su entender, lo que hay que hacer es "contrastar de verdad si esa mayor eficacia se obtiene o no y a qué coste", mientras indicó que la creación de esos instrumentos es una tendencia general de todas las administraciones, que es "mas bien un mal general que se considera como un mal necesario".