Parlamento.- El Pleno debatirá el jueves la reprobación de Zapatero dos años y medio después tras el amparo del TC al PP

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz debatirá el próximo jueves una proposición no de Ley del PP en la que solicita la reprobación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por las declaraciones que realizó en octubre de 2003, por entonces como diputado y secretario general del PSOE, contrarias al trasvase del Ebro después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la decisión adoptada en su día por la Mesa de la Cámara de no admitir a trámite dicha iniciativa por considerar que se habían vulnerado los derechos del Grupo Popular, según el orden del día que acordó hoy por unanimidad la Junta de Portavoces.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP propone en primer lugar que el Pleno de la Cámara exprese "su total rechazo a las declaraciones que apoyan la negación de lo que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) reconoce a Andalucía como las realizadas por el secretario general del PSOE y diputado nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, porque constituyen una ofensa al pueblo andaluz en su conjunto ante las que esta Cámara, como representante de todos los ciudadanos de nuestra tierra, no puede permanecer indiferente" y emplaza en segundo lugar al Consejo de Gobierno de la Junta a "manifestar su desacuerdo con declaraciones de este tipo, en todos sus términos y con carácter inmediato".

Los populares se remiten en la exposición de motivos de la proposición no de Ley a unas declaraciones realizadas en octubre de 2003 por Rodríguez Zapatero "tendentes a no dar ni una gota de agua del trasvase del Ebro a Andalucía" que, a su juicio, "merecen la más enérgica repulsa porque se sustentan en una idea de ruptura de la solidaridad interterritorial consagrada en nuestra Constitución, además de representar una ofensa al pueblo andaluz en general y a los almerienses en particular, dada la importancia histórica que para la economía y el desarrollo de nuestra tierra supone la necesidad del preciado elemento".

ANTECEDENTES

La sentencia del TC anula dos resoluciones adoptadas en 2003 por la Mesa del Parlamento inadmitiendo a trámite dos iniciativas parlamentarias por las que el PP solicitaba la reprobación del por entonces líder de la oposición socialista y actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del presidente de la Generalitat, Pasquall Maragall, a consecuencia de sus declaraciones sobre el trasvase del Ebro.

El caso se remonta al 15 de octubre de 2003, cuando el propio Sanz registró en su calidad de parlamentario autonómico una proposición no de ley solicitando el rechazo y la "reprobación" de unas declaraciones de Pasquall Maragall críticas con el trasvase del agua del Ebro hacia otras regiones, pidiendo al actual presidente catalán la rectificación de sus manifestaciones.

Esta medida se llevó también a cabo el mismo 15 de octubre de 2003 en cuanto a las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que como secretario general del PSOE pronunció unas declaraciones "inaceptables" en contra del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase del Ebro "en contra de los intereses de Andalucía". No obstante, dos acuerdos de la Mesa del Parlamento de Andalucía fechadas los días 22 de octubre y 5 de noviembre de 2005 resolvieron no admitir a trámite ninguna de las dos iniciativas parlamentarias.

SENTENCIA DEL TC

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, alude a que el Grupo Popular propuso al Parlamento andaluz reprobar las declaraciones que Rodríguez Zapatero efectuó mostrándose "contrario" a un eventual trasvase del agua del Ebro a otras comunidades, "aludiendo a Almería", extremo que se repite con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que también se pronunció en contra del PHN.

Una vez que la Mesa de la Cámara acordó no admitir a trámite ninguna de las dos iniciativas parlamentarias y rechazó igualmente las dos solicitudes de reconsideración registradas por el PP, los servicios jurídicos del PP presentaron un recurso de amparo ante el TC solicitando la revocación de estas decisiones, que justificaban la medida considerando "procedimentalmente inviable" las solicitudes, aludiendo en ese sentido a que éstas "exceden del ámbito de interés y fines propios del Parlamento".

No obstante, el TC admitió los argumentos del PP y consideró que "no puede decirse" que las declaraciones de Maragall y Rodríguez Zapatero "están totalmente desconectadas de los intereses de la comunidad autónoma" advirtiendo además de que la "ausencia de limitaciones materiales" detectada en el Reglamento de la Cámara "impide que pueda reconocerse a la Mesa la facultad de rechazarlas", en alusión a las citadas iniciativas parlamentarias del PP.

"NO CUMPLE LA EXIGENCIA DE MOTIVACIÓN"

En la sentencia, los magistrados del TC concluyen que "la argumentación ofrecida para inadmitir las proposiciones no de Ley no cumple con la exigencia de motivación" que requiere el propio Tribunal Constitucional y establece que "la razón en la que se sustentó la decisión de inadmisión no es suficiente, por sí misma, para concluir si aquella es o no conforme al derecho fundamental invocado" por el PP.

En ese sentido, el TC admitió que las citadas resoluciones de la Mesa del Parlamento han "vulnerado" el derecho del Grupo Popular a ejercer sus funciones y, en consecuencia, declaró nulos los acuerdos de la Mesa de la Cámara en cuanto a la no admisión de las ya mencionadas iniciativas parlamentarias y el rechazo de sus correspondientes solicitudes de reconsideración. Esto implica, según se recoge en el fallo de los magistrados, el restablecimiento del "derecho" del Grupo Popular a elevar a debate estas iniciativas parlamentarias.

El portavoz del PP, Antonio Sanz, destacó el pasado miércoles durante la Junta de Portavoces el "importante precedente" que constituye la sentencia del TC, que pone de manifiesto que "en su momento no se amparó el derecho de los diputados del PP a presentar iniciativas", por lo que expresó su confianza en que la Mesa de la Cámara "tome nota" de la "claridad y contundencia" de su contenido para "evitar que se vuelva a repetir esta vulneración de derechos".