Parlamento.- El PP espera llevar al primer Pleno su propuesta de modificación de la Ley del Suelo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP espera llevar al primer Pleno del Parlamento andaluz del nuevo periodo de sesiones, que se celebrará los días 8 y 9 de febrero, su proposición de Ley de modificación de la nueva Ley de medidas para la vivienda protegida y suelo que fue aprobada en diciembre de 2005.

Según informaron a Europa Press fuentes populares, con este texto alternativo pretenden hacer frente a una Ley del Gobierno andaluz en materia de suelo que es totalmente "intervencionista y que atenta contra las competencias municipales", ya que, entre otras medidas, prevé la retirada de las competencias urbanísticas.

Aparte de esta iniciativa, el PP está promoviendo en sus ayuntamientos acuerdos plenarios para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la Ley del Ejecutivo andaluz, que se sumaría al que va a promover el grupo popular en el Congreso de los Diputados.

La proposición de Ley del PP pretende, por una parte, modificar aspectos de la nueva Ley de Vivienda protegida y suelo como la determinación legal que exige a todos los municipios reservas de suelos para viviendas protegidas y hacer ésta exigible únicamente a ciertos ámbitos territoriales, y suprimir aquellos aspectos de la norma que suponen una "vulneración de la autonomía local y/o restringir competencias municipales", así como la regulación que define uso global turístico y eliminar las modificaciones que afectan a la Ley de Comercio Interior de Andalucía.

De momento, el Gobierno andaluz ya ha expresado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de Ley del PP, al entender, según el escrito del Ejecutivo, al que tuvo acceso Europa Press, que la nueva Ley de Vivienda protegida y suelo ha reforzado el "objetivo de hacer efectivo el mandato constitucional contenido en el artículo 47 de la Constitución Española de garantizar el acceso a una vivienda digna".

Añade que la "ampliación a todos los municipios y a todos los crecimientos urbanísticos con viviendas de la obligación de reservar un 30 por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas protegidas" supone "una manifestación del mejor cumplimiento del mandato constitucional".

Para el Gobierno andaluz, la proposición de Ley del PP "es contraria a uno de los principios esenciales de la norma que pretende modificar, y no avanza en la dirección de reforzar el mandato del artículo 47 de la Constitución Española de garantizar el acceso a una vivienda digna".