SEVILLA, (EUROPA PRESS)
El PP defenderá una moción en el Pleno del Parlamento de esta semana en la que demanda que la Cámara rechace el carácter "retroactivo" de la nueva Ley sobre medidas para la vivienda protegida y el suelo en lo referente al régimen de compra-venta de VPO.
En concreto, el grupo popular reclama en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, que el Parlamento rechace que la aplicación de la nueva Ley de medidas para la vivienda protegida y el suelo de Andalucía "implique efecto retroactivo en la aplicación de medidas y requisitos ahora exigibles y no previstos en los diversos planes de vivienda y suelo que les sea de aplicación en cada caso".
Además, se insta al Gobierno andaluz a remitir al Parlamento en el plazo de 30 días el proyecto de ley de modificación de la citada Ley de medidas para la vivienda protegida y el suelo en el que se recoja una disposición transitoria que contemple que la aplicación de nuevos requisitos y condiciones para la enajenación de viviendas protegidas, "distintos a los exigibles en el momento de su calificación definitiva, no se aplique con efecto retroactivo".
Según señala el PP en la exposición de motivos de la iniciativa, la citada ley se ha revelado "profundamente intervencionista en el mercado de la vivienda protegida usada y de nueva construcción, configurando un régimen jurídico nuevo respecto del derecho de tanteo y retracto, restrictivo del derecho de propiedad, al aplicarse con efectos retroactivos y a través de un conjunto de medidas limitadoras de los derechos de las familias andaluzas".
Para los populares, la citada ordenación es "a todas luces desproporcionada", ya que para evitar el "fraude que pueda existir, se aplica a todos los propietarios sin distinción, sin tener en cuenta los años que tiene la vivienda protegida, las inversiones realizadas en la misma y, sobre todo, viendo cómo ahora se modifica el régimen legal y las condiciones en las que adquirió su vivienda, bajo un régimen determinado, que incluía un plazo de duración de la protección, así como la posibilidad de descalificación voluntaria".
"La aplicación directa e inmediata de la ley cercena derechos adquiridos y alarga los plazos de indisponibilidad de las viviendas, pasando a un régimen mucho más duro y limitativo, que incluso llegar a impedir el derecho de todos los andaluces a progresar".
LIMITAR EL DERECHO DE PROPIEDAD
Según el PP, "no parece justo que esta ley pueda limitar el derecho de propiedad de muchas familias andaluzas que accedieron a la vivienda protegida con anterioridad a la norma actual que establece nuevas condiciones y requisitos".
En opinión del Partido Popular, "lo más grave desde el punto de vista jurídico es que la ley no señala de forma expresa el efecto retroactivo de las medidas ni aplica siquiera un régimen transitorio al efecto, ni para limitar su aplicación con operaciones de transmisión o de cesiones de uso ya pactadas con anterioridad a su entrada en vigor".
Agrega que las interpretaciones que se están haciendo de la misma en cuanto a su aplicación se realizan a través de órdenes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que "no constituyen una 'interpretación auténtica', ya que ésta sólo puede proceder del legislador, el Parlamento andaluz, aclarando o completando la ley y no la que ha hecho la propia administración, que es parte interesada en la aplicación de un derecho legal en su favor y en perjuicio del ciudadano propietario de la vivienda protegida".
"Esta situación requiere que, sin renunciar a la lucha de forma efectiva contra el fraude en la vivienda protegida, se tenga en cuenta la situación transitoria que afecta a miles de familias andaluzas", apuntó el grupo popular.