SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los peritos y tasadores de Sevilla, que pertenecen a la Asociación de Peritos Judiciales y Tasadores de Andalucía (Apjta), han lamentado que desde el año 2009 "sufren el impago de sus trabajos por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta" y han criticado que "ante sus reclamaciones, la Administración ha decidido que las facturas que no hayan sido abonadas de cuatro años para atrás quedan prescritas".
En una nota remitida a Europa Press, la asociación ha precisado que algunos peritos han decidido demandar por vía judicial a la Junta de Andalucía para intentar cobrar sus honorarios.
Han agregado que en el impago de sus honorarios, se incluye los trabajos periciales realizados por libre designación por parte de los juzgados a más de medio centenar de peritos y tasadores sevillanos.
El colectivo ha precisado que "los peritos afectados, en algún caso, han tenido que aportar de nuevo minutas que se han extraviado por el paso de los años por la Administración, en estos trámites burocráticos".
Agregan que, ante la imposibilidad de repetir algún original, "han forzado a desistir en algún caso, a pesar de presentar certificados expedidos por secretarios de los juzgados que tuvieron que corroborar nuestras peritaciones".
Han lamentado que la Administración "responde ante estas reclamaciones de impagos que es la Intervención General la que ha decidido que 'las minutas de cuatro años para atrás quedan prescritas', con independencia de las reclamaciones anuales selladas".
De esta forma, indican que "las facturas que hayan superado los cuatro años no se abonarán, a pesar de que el retraso en el pago lo haya originado la Administración".
Los peritos y tasadores se sienten "engañados por los responsables de Justicia de la Junta en Sevilla al obligarles a trabajar sin retribución", y recuerdan que "fue la propia Administración autonómica la que nos deja como única solución, a demandar en los tribunales, vía contenciosa administrativa, iniciando un largo y costoso camino que tarda años en resolverse". Por ello, los peritos reivindican que se liquide la deuda pendiente como ha ocurrido con otros operadores judiciales.
