La plataforma contra las inmatriculaciones y Ben Baso urgen al plan director de la Catedral instado por Maeztu

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma constituida en Sevilla para reclamar el listado de bienes "inmatriculados" por la Iglesia Católica a su favor pese a carecer de título de propiedad sobre los mismos, junto con la asociación Ben Baso de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico, ha solicitado a la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento hispalense que afronten cuanto antes la redacción y aprobación de un "plan director" para la Catedral de Sevilla, gestionada por la Archidiócesis.

En un comunicado, estas entidades invocan la resolución de 2019 de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, que propone a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla "disponer las medidas de elaboración, discusión y aprobación de un Plan Director de la Catedral", declarada Patrimonio Mundial en 1987, "como instrumento de ordenación y gestión que permite la adecuada definición de la funcionalidad de este elemento histórico artístico de primer orden, junto a una dimensión religiosa y espiritual".

Los promotores de la queja que dio lugar a dicha resolución
han recordado que "hace ya seis meses de dicha resolución y aún, que conozcamos, no se ha dado ningún paso", por lo que ambos colectivos han decidido presentar nuevos escritos dirigidos a María Esperanza O'Neill, secretaria general de Patrimonio Cultural de la Junta, y a Antonio Muñoz, concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Así, solicitan una reunión con los representantes de las instituciones citadas para que "cuanto antes se apliquen las recomendaciones del Defensor del Pueblo y se redacte y apruebe un Plan Director para la Catedral de Sevilla", algo que según defienden, "ayudaría a mejorar la transparencia en la gestión de este bien cultural, garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los principios constitucionales".

Según la resolución de Jesús Maeztu, recogida por Europa Press, "esta herramienta sería un recurso de información y transparencia para la gestión de este monumento que permitiera el conocimiento y la participación de la sociedad civil en cuanto a la actividad que se produce en torno a un elemento patrimonial de primer orden mundial y declarado bien de interés cultural (BIC)".