SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El abogado del exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, ha acusado este martes al alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, de querer sacar "rendimiento político" y de "petardear" el criterio del jurado encargado de enjuiciar estos hechos.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido este martes las alegaciones previas de los letrados de Ponce; de María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, y del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, todos ellos imputados en esta causa junto al exdirector general del mercado central de abastos Fernando Mellet, cuyo abogado ya expuso sus alegaciones en la jornada del lunes junto a la Fiscalía y las acusaciones que ejercen el PP y la propia fundación.
En su turno de alegaciones previas, el abogado de Daniel Ponce, Simón Fernández Rebollo, ha comenzado diciendo que el caso que se está enjuiciando "no es tan fácil, sencillo ni cristalino" como han defendido tanto el Ministerio Público como las acusaciones. "Nos han vendido que este caso es muy fácil, tan fácil que está grabado", ha dicho el letrado en relación a la grabación que hicieron los dos empresarios de la reunión en la que se produjo el presunto intento de una comisión ilegal.
"Pueden tener la tendencia de caer en esa trampa, centrarse en la grabación y pensar que todo lo demás sobra porque es un caso fácil", ha dicho el abogado de Ponce, recordando en este punto varios casos donde personas detenidas e imputadas fueron finalmente absueltas. Así, ha citado el crimen de la joven Rocío Wanninkhof, por el que fue declarada culpable por un jurado y posteriormente condenada Dolores Vázquez. En este procedimiento, el jurado "admitió todos los detalles dados por probados por las acusaciones, pero posteriormente" aparecieron pruebas biológicas que llevaron a absolver a la condenada.
LOS ACUSADOS "SE ESTÁN JUGANDO LA VIDA"
También ha hecho referencia al caso de la Operación 'Galgo', por el que inicialmente fue detenida e imputada la atleta Marta Domínguez, a la que los medios de comunicación "condenaron" aunque finalmente su caso fue archivado. "No caigan en la tentación de hacer caso de los medios y de pensar que el tema es fácil, porque entonces van a tener un prejuicio", ha afirmado, aseverando que esto "no es un juego ni un ensayo, pues los acusados se están jugando la vida", por lo que los miembros del jurado "tienen que abstraerse de todo eso".
De igual modo, ha explicado a los miembros del jurado que hay determinados casos donde "hay un interés político", como el de Arnaldo Otegui, donde la Fiscalía, en un momento dado, "se retiró por interés político", ejemplo que le ha servido para señalar que el presunto cohecho en Mercasevilla "no aparece en un momento cualquiera, sino que en España había dos o tres casos de presunta corrupción, como Gürtel o Palma Arena".
En el presente caso, según ha indicado, se ha personado como acusación el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, "a título personal y no con su partido", punto en el que ha hecho referencia a las alegaciones del abogado del PP diciendo que Zoido "actúa como un puro ciudadano, pero no como un ciudadano puro, pues se personó por interés personal, ya que le podía dar la relevancia que en ese momento no tenía". "Aquí hay rencillas políticas que son utilizadas de forma torcida para sacar una relevancia", por lo que el caso "está politizado sin duda ninguna", ha subrayado.
ZOIDO "NO PARA DE MACHACAR" A LOS IMPUTADOS EN LA PRENSA
Zoido, "que es juez y hoy líder del PP-A y alcalde, no para de machacar en la prensa a todos los imputados, especialmente a mi cliente", del que habla como "el extorsionador de Mercasevilla", ha afirmado el abogado defensor, quien ha insistido en que "su ánimo es sacar rendimiento político y petardear el criterio del jurado".
El letrado también se ha parado a explicarle al jurado en qué consiste el delito de cohecho --competencia del jurado-- y a defender que, en este procedimiento, "no hay cohecho; aquí, de haber algo, puede haber algo que no es cohecho", ya que los acusados "no tenían posibilidad de conseguir ni de conceder la subvención". "Si fuera una simple estafa --aunque tampoco la hay--, sería un caso más de los 200.000 que se ven en los Juzgados de Instrucción, pero hay que sacar un rendimiento político, y si hay cohecho se va a un jurado, con cámaras y periodistas", ha lamentado.
Tras insistir en que en este caso "está claro que nadie se ha llevado nada", el letrado ha pedido al jurado "que no se centre ni atienda" a la grabación en cuestión y que tenga en cuenta que, aunque una posible condena no llevaría aparejada la entrada en prisión de los imputados, "una multa de un millón de euros es las ruinas de sus vidas".
"EN ANDALUCÍA SE LLAMA TRINCAR"
De su lado, el abogado de Rivas, Francisco Baena Bocanegra, ha defendido la inocencia de su cliente, quien no participó en la reunión que fue grabada por los empresarios, en la cual además "no se habla" de él. Según ha dicho, contra Rivas sólo existen las declaraciones realizadas por Mellet en la Policía y la Fiscalía, en las que asegura que Rivas "participó ordenando" la petición de la comisión ilegal.
"Ni una ni otra declaración han sido ratificadas ante ninguna autoridad judicial", ha aseverado el letrado, quien ha resumido el caso diciendo que los dos empresarios "son los mimbres con los que las acusaciones se han hecho una silla de dos patas frente a Rivas, y se quieren sentar en esa silla para acusarlo, pero en Derecho Penal se necesitan sillas de cuatro patas; los equilibrios, para el circo".
"Vamos a quitarnos caretas y a dejarnos de eufemismos; la base de las acusaciones es que se pusieron de acuerdo para pegar una mordida, lo que en Andalucía tiene un nombre seco y profundo, y se llama trincar", frente a lo cual "tengo muy clara la inocencia" de Antonio Rivas, quien "no tenía la menor competencia para tramitar ni dar" la subvención para la escuela de hostelería.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE PEREIRA "SE HA PISOTEADO"
Por último, el abogado de Pereira, Carlos Galán, ha criticado que la presunción de inocencia de su patrocinada "se ha pisoteado desde el minuto uno", asegurando que en este procedimiento "hay un juicio dentro de otro juicio", por lo que le ha pedido al jurado popular "un juicio independiente" para la imputada.
En este sentido, ha asegurado que la propia instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, "se equivocó" al procesar a Pereira, pues reconoció que los indicios contra ella "eran muy débiles" pero decidió que fuera un jurado el que analizara dichos indicios. "La juez es una persona muy honrada, muy trabajadora, pero también es humana, no infalible", ha puesto de manifiesto.
Así, ha defendido que Pereira "ni siquiera estuvo presente" en la reunión grabada por los empresarios el 27 de enero de 2009. "No supo ni que se habían reunido ni que se había grabado", ha subrayado, agregando que, respecto a la primera reunión, "acudió cuando ya estaba comenzada; se ausentó en dos ocasiones y se marchó diez minutos antes de que terminara".
"PENA DE BANQUILLO"
"El único indicio contra ella es la declaración de uno de los empresarios", por lo que se ha preguntado si "la palabra de uno contra otro desvirtúa la presunción de inocencia" de su cliente. "Está aquí por un indicio, sufriendo la pena de banquillo y un daño irreparable", ha dicho Galán, quien ha recordado que Pereira "no ha sido denunciada ni imputada ni citada como testigo" en el resto de investigaciones judiciales derivadas de este caso, como son la venta de suelos, los ERE fraudulentos y el delito societario.
