PP cree que Ávila "no es de fiar" al "incumplir" sus compromisos con los Agentes Locales de Empleo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, ha advertido este martes que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, "no es de fiar" al "incumplir" sus compromisos con los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE), al tiempo que ha criticado el "plan de despidos" promovido por el Gobierno bipartito para el colectivo de trabajadores encargados de desarrollar las Políticas Activas de Empleo.

A su juicio, según señala en una nota, la actitud del Ejecutivo andaluz "pone en evidencia su interés por enterrar las políticas activas de empleo en la comunidad con mayor tasa de paro del país, intentando justificar de manera manipuladora y torticera las rescisiones de contratos en los ajustes del Gobierno de la Nación cuando la realidad es que la Junta de Andalucía tiene las competencias en la gestión de las políticas activas de empleo".

La dirigente popular ha afirmado que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo "no es de fiar" y "se desdice" de su compromiso con los ALPE y con los promotores de empleo.

Según recuerda, Ávila, en su discurso en el Pleno, se comprometió a renovar los contratos durante tres meses, hasta septiembre, "pero la realidad es que engañó y les propone una reducción del 50 por ciento de la jornada laboral y del sueldo, lo que significa que cobrarían 600 euros mensuales".

Ruiz-Sillero ha reprochado al consejero que "promueva la precariedad laboral de este colectivo, lo que resulta insultante por parte del responsable político que debería velar por fomentar un empleo de calidad". Además, le ha acusado de "desmantelar los servicios públicos de empleo y las ayudas a los desempleados especialmente en la comunidad con mayor tasa de paro".

Además, ha agregado que Izquierda Unida en el Gobierno "está consintiendo que haya personas trabajando para la Administración cobrando menos de mil euros, convirtiéndose en cómplice de esta situación", por lo que le ha exigido que "se plante" ante sus socios de Gobierno para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores.

A su juicio, la actitud del Gobierno andaluz demuestra que "es el PSOE el que recorta en las políticas activas de empleo", ya que, según ha recordado, la Junta dispone de fondos "suficientes" para mantener los tres programas y "debe decidir si apuesta o no por ello". "El Gobierno de coalición PSOE-IU debe decidir si mantiene una estructura de 1.500 empleados de la Faffe, que no se saben qué hacen, o apostar por unos trabajadores que han superado unas pruebas de selección y ejercen una labor fundamental de orientación y asesoramiento a los desempleados", ha apostillado.

Ruiz-Sillero ha insistido en que la Junta de Andalucía puede desarrollar políticas activas y financiarlas con las correspondientes partidas establecidas en los Presupuestos autonómicos. De hecho, ha apuntado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya han decidido mantener estos programas, aportando recursos propios y garantizando el empleo de los promotores de empleo y los ALPE.

La parlamentaria andaluza ha señalado además que "estos programas están cofinanciados por entidades locales, muchas de las cuales ya han adelantado su aportación", por lo que ha exigido a Ávila que aclare si la Junta va a devolverles el dinero adelantado.

En cuanto a los orientadores de empleo, Ruiz-Sillero ha denunciado la orden de cierre de las oficinas de Andalucía Orienta, "lo que crea la duda de quién va a desarrollar esas gestiones". Al respecto, ha advertido de que si el Gobierno andaluz pretende que esas funciones las asuman los Faffe, se encontrará con la "oposición total" del Partido Popular.

A su juicio, "la administración que debe velar por el empleo fomenta la precariedad laboral y crea una gran incertidumbre en un colectivo de trabajadores que han superado unas pruebas de selección, mientras que se destinan 45 millones de euros a mantener la estructura de la Faffe, cuyo mayor exponente es Ramón Díaz, actualmente imputado en el caso de los ERE fraudulentos", ha concluido.