SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -
Los promotores eólicos andaluces "no bajarán la guardia" ante las negociaciones con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y tras las declaraciones que ayer su responsable, José Montilla, hizo en Sevilla en las que aseguró que "no había recortes en el reparto de la capacidad eólica por comunidades que prepara el Gobierno --y que asigna a Andalucía unos 2.000 megavatios de potencia, en torno al 9 por ciento del total nacional--, teniendo la región ya aprobados proyectos por 4.000 megavatios".
Así lo indicó el presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energía Eólica de Andalucía, Mariano Barroso, a Europa Press y al considerar "clave" la reunión que el próximo viernes congregará a todos los responsables en materia energética de las comunidades con objeto de debatir y repartir los megavatios que corresponden a cada comunidad.
"Son nuestros megavatios y no nos lo pueden quitar y aún más si la Junta ya lo has adjudicado a través de concursos totalmente lícitos y en coordinación con los planes que Red Eléctrica de España (REE) había programado", aseveró Barroso.
Igualmente, recordó que en 2001 la Junta y los empresarios preguntaron a REE el número de MW posibles y "nadie alegó nada" --en referencia al Ministerio de Industria--, por lo que no entendió el por qué de este "recorte", a pesar de que Montilla "no quiera utilizar ese término".
De la misma forma, el presidente de la patronal mostró su alegría por la actitud que el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, mantuvo ayer con el número uno de Industria, así como al hacer pública su "discrepancia", puesto que con ese "gesto" demuestra el interés por defender al empresariado andaluz.
Tras considerar que "las cosas van por buen camino", Barroso fue cauto a la hora de vaticinar resultados y expectativas positivas, de manera que hizo un llamamiento al director general de Industria, Energía y Minas, Jesús Nieto, para que "defienda a los promotores y a Andalucía en general" en el reparto de potencia a instalar, que repercute en el desarrollo económico de la región.
Por su parte, el Gobierno central expone como argumentos de esta reducción que las aspiraciones del conjunto de las autonomías españolas para el periodo 2006-2010 se han incrementado hasta los 36.000 MW de potencia instalada, lo que desbordaría la capacidad de absorción del sistema eléctrica. La pretensión del Gobierno es que no se instalen más de 20.000 megavatios, por lo que se deben exigir a las comunidades autónomas la asunción de recortes.