Publicado 24/02/2021 13:34CET

Un proyecto de investigación de excelencia de la UPO de Sevilla concluye con una obra sobre 'potestad administrativa'

Eduardo Gamero, catedrático de la Pablo de Olavide
Eduardo Gamero, catedrático de la Pablo de Olavide - UPO

Dirigida por Eduardo Gamero, catedrático de Derecho administrativo, participan otros ocho profesores de la Universidad

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación de excelencia de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha dado como resultado la reciente publicación de una monografía sobre la 'potestad administrativa', según informa la institución acadmémica en un comunicado.

La obra, cuyo título completo es 'La potestad administrativa. Concepto y alcance práctico de un criterio clave para la aplicación del Derecho administrativo', nace del citado proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+i, dirigido por Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho administrativo de la Pablo de Olavide.

Asimismo, en la monografía han participado los profesores de la UPO Javier Lasarte, catedrático de Derecho financiero y tributario; José Ignacio Morillo-Velarde y Luis Miguel Arroyo, catedráticos de Derecho administrativo; Dolores Rego y Francisco Toscano, profesores titulares de Universidad; Rocío Navarro y Antonio D. Berning, profesores contratados doctores; y Francisco Luis Pérez, profesor contratado, así como otros autores.

"Esta obra, de más de 900 páginas, viene a cubrir un importante vacío en la bibliografía jurídica, puesto que no había ninguna monografía que analizase la potestad administrativa, a pesar de la centralidad de este concepto en el Derecho administrativo", ha explicado Gamero. Su primer objetivo es deslindar el concepto de potestad administrativa, que carece de definición normativa y viene siendo utilizado con diferentes cargas semánticas por los distintos operadores jurídicos.

Gracias a esta labor, se identifican como potestades administrativas no sólo los clásicos poderes de autoridad (como las sanciones), sino también el gasto público, la adjudicación de contratos o el otorgamiento de subvenciones, conforme a la más reciente jurisprudencia.

Pero la obra "no se circunscribe al plano puramente dogmático sino que desciende a los problemas cotidianos que se presentan a los operadores jurídicos en el ejercicio de las potestades administrativas, determinando el alcance de la aplicación del Derecho administrativo que se debe postular en cada caso, y contribuyendo de este modo a resolver los problemas de orden práctico que entraña la aplicación del concepto en el quehacer de todos los operadores jurídicos".

En particular, por lo que se refiere al ejercicio de potestades administrativas por operadores privados en régimen de mercado, por entidades del sector público con personalidad jurídico-privada, o por empleados laborales de la Administración, aspecto este último que viene generando un gran interés debido a recientes sentencias relativas a la reserva de potestades administrativas al sector público.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha anulado sanciones cuyo procedimiento de imposición se gestionó por una sociedad mercantil pública (Tragsatec), al considerar que supone el ejercicio de potestades administrativas, reservadas a funcionarios públicos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló un Decreto que atribuía potestades administrativas a una sociedad anónima de la Junta de Andalucía.

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