SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos Safja, Satse y Ustea han expresado en el Parlamento andaluz su rechazo al decreto-ley 1/2012 que desarrolla el plan de ajuste de la Junta de Andalucía, ante lo que han anunciado la presentación de diversos recursos, mientras que la Unión de Consumidores de Andalucía lamenta que Andalucía "se ha visto especialmente perjudicada por unas restricciones económico-financieras establecidas en función del PIB y no de la población".
Así, Safja considera que estas medidas de recortes "van en detrimento de la calidad de los servicios que prestamos a la sociedad y por ende, al bienestar social de los andaluces" y consideran esta medida "arbitraria e impuesta, pues no se ha negociado con sus legítimos representantes surgidos de las últimas elecciones sindicales; injusta y discriminatoria, ya que el peso del ajuste presupuestario recae mayoritariamente sobre las nóminas de los funcionarios públicos y personal laboral de la Junta de Andalucía; e ilegal, por vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía".
Considera que con estos tres "terribles" pilares el Gobierno de la Junta "ha culminado su obra de dar amparo a la administración paralela, integrando con calzador lo privado en lo público", tras lo que ha asegurado que la administración paralela "experimenta incluso un incremento en su financiación con respecto al ejercicio anterior del 46 por ciento, es decir 2.360 millones".
"Nosotros no somos responsables de las actuaciones que la han provocado, y ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía carga sobre los ciudadanos, funcionarios públicos y personal laboral, el peso íntegro de su mala dirección y nefasta gestión, mostrándonos como insolidarios", ha agregado Safja, que ha recordado que el sindicato ha interpuesto recurso de amparo por derechos fundamentales.
Por su parte, el sindicato Satse también reiteró que el decreto-ley "contraviene con lo dispuesto en varios artículos de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía", además de "vulnerar derechos fundamentales de primer orden en un Estado de derecho", entre ellos el derecho a la igualdad o a la negociación colectiva, puesto que "en ningún momento ha existido vocación de entendimiento y negociación por parte del Gobierno y además por esta vía de excepcionalidad y temporalidad se introducen medidas de carácter definitivo y de profundo calado como es la ampliación de la jornada o la reducción de vacaciones y permisos".
Por ello, pide que "se actúe desde este Parlamento" y lamenta que el decreto ley "tiene carácter retroactivo vulnerándose con ello la Constitución Española", y además considera que las medidas de recorte retributivo (10% de retribuciones variables) acogidas en el decreto ley no son equitativas en los distintos sectores de los empleos públicos, por lo que el plan de ajuste de la Junta de Andalucía "en ningún caso es equilibrado y equitativo y penaliza de forma injusta a los trabajadores del sector sanitario".
Asimismo, advierte de la merma en la calidad que provocará la "segura disminución de empleo en profesionales sanitarios en un servicio ya muy castigado por la temporalidad", y ha denunciado el intento de la Consejería y la Gerencia del SAS de "utilizar esta dramática situación en el Servicio de Salud para imponer el modelo de Unidades de Gestión Clínica, modelo que no cuenta con el apoyo de los profesionales ni con el de los sindicatos".
Por su parte, el sindicato Ustea también ha muestra su más "enérgico rechazo" al Decreto Ley 1/2012, medida "impuesta" por el Gobierno andaluz, "sin haberse consensuado ni debatido en ningún ámbito de negociación" y que "suponen una agresión sin precedentes contra los empleados públicos, que además de los injustos recortes económicos, suponen una pérdida de derechos conquistados a lo largo de los 34 años de Democracia, y recogidos en la Carta Magna".
Asimismo, considera las medidas de "recorte" en las retribuciones, como algo "discriminatorio" para el personal temporal de Administración General y parte del SAS, de forma que "todas estas medidas tienen una incidencia directa en el servicio público al ciudadano y son indignas de un Gobierno que se denomina 'progresista', justificando que sus recortes son menores que los de otros gobiernos".
Ustea también aludió a la vulneración de diversas leyes y derechos constitucionales y asegura que contraviene normativa y sentencias europeas y formuló una serie de propuestas alternativas de reducción de costes para toda la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, Ustea estudia las fórmulas jurídicas "para frenar todo lo que conlleve la pérdida de derechos adquiridos, respecto a las condiciones de trabajo, y la irretroactividad que supone la reducción de la paga adicional, siendo inconstitucional por ser una actuación restrictiva de derechos".
POSICIÓN DE UCE-A
Por su parte, la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, que aunque "es consciente de los esfuerzos que se le exige a la comunidad autónoma para cumplir con los objetivos de déficit marcados desde el Gobierno de España", asegura que "no está conforme con unas medidas que vienen a cargar sobre los hombros de los andaluces las consecuencias de la crisis", ante lo que reconoce que Andalucía "se ha visto especialmente perjudicada por unas restricciones económico-financieras establecidas en función del PIB y no de la población".
En cuanto a las medidas tributarias que se abordan en el texto, la Unión de Consumidores valora que tengan como soporte fundamental el IRPF, ya que "este tipo de imposición es la más adecuada, aunque traslada al Parlamento su preocupación por una mayor progresividad y gravamen a las más altas, apostando además por incrementar la labor inspectora para hacer aflorar las rentas ocultas procedentes de la economía sumergida y actividades empresariales y profesionales".
En cuanto a las medidas en materia de Hacienda Pública, la Unión de Consumidores defiende la racionalidad en la aplicación de los recursos y una gestión de la Administración Pública basada en "criterios de eficiencia en los que se garantice el estricto cumplimiento de los límites presupuestarios establecidos y la adecuada, justa y solidaria atribución de los recursos". Además, ha mostrado su desacuerdo con las medidas que redundan en perjuicio de la calidad de la enseñanza.
