SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Editores de Andalucía (AEA), la Federación Andaluza de Librerías (FAL), la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), la Agrupación de Distribuidores de Libros y Ediciones (Adile) y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) criticaron hoy en Sevilla que el sistema de préstamo de libros de texto implantado este curso por la Junta de Andalucía en 1º y 2º de Primaria "provocará la pérdida de aproximadamente 4.500 empleos directos e indirectos" en la comunidad.
En rueda de prensa tras mantener una reunión con el viceconsejero de Educación de la Junta, Sebastián Cano, y la Directora General de Participación y Solidaridad de la Junta, Mercedes González, el presidente de Anele, Mauricio Santos, aseveró que el sistema de préstamo, que supone la reposición de todos los libros cada cuatro años, "es obsoleto y está en desuso" y defendió el sistema del cheque-libro que funcionó en Andalucía durante 2002 y 2003 y que, según dijo, "significó un incremento en las ventas de libros educativos de un 6 y un 17 por ciento respectivamente".
Así, indicó también que este modelo "apareja que los colegios tengan que desarrollar una desmesurada inversión logística, al tener que costear el local para el depósito, la clasificación, almacenaje y entrega de libros y el transporte, entre otros aspectos". Según explicó, en otros países donde se ha desarrollado este sistema, como Francia, los costes logísticos "supusieron más del 50 por ciento del presupuesto destinado por la Administración al modelo".
El presidente de Anele aseguró, además, que el préstamo "amenaza a las inexistentes y maltrechas bibliotecas escolares" y apuntó que en la región "la implantación del préstamo de libros de texto usados se está realizando con una parte importante de los escasos recursos destinados a la dotación de estas bibliotecas".
En esta línea, señaló que este sistema "implica la reutilización de los mismos libros durante cuatro años, que luego en la práctica pueden ser más, generaliza el uso de material escolar en mal estado y fomenta una fuerte discriminación social". "Este modelo desvaloriza al libro", aseveró.
"No estamos en contra de la gratuidad --prosiguió-- sino del préstamo" y explicó que "debe instaurarse un modelo que respete la libertad de edición y de cátedra, que ayude al desarrollo cultural y que contribuya al fortalecimiento y no a la destrucción del libro".
Además, Santos informó de que "la Junta se mantiene firme en mantener este sistema por razones puramente económicas" y añadió que "el esfuerzo inversor en educación debería ser mucho mayor, pues sólo se le dedica el 3,5 por ciento del PIB, frente al 7 por ciento que se le otorgaba durante la República".
Por su parte, el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Avila, indicó que todo este proceso "se ha desarrollado con una frivolidad irritante y sin conocer las experiencias previas, pues en el resto de Europa ya sólo se lleva a cabo en Francia, en primaria, y en algunos condados del Reino Unido".
El programa de gratuidad de libros de texto, implantado este curso por la Junta en 1º y 2º de Primaria con un coste de 14,3 millones de euros, se extenderá a toda la etapa obligatoria en el curso 2008-2009. El material de estos cursos de Primaria será renovado anualmente y los propios centros se encargarán de adquirir los libros, que tendrán que ser repuestos cada año, ya que no podrán ser usados por otros niños en ejercicios sucesivos.
Para el segundo y tercer ciclo de Primaria y para Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el plan de gratuidad establece un sistema de préstamos que permitirá la utilización de los mismos libros durante un periodo de cuatro año. Estos serán propiedad de la Junta y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro donde el alumno haya cursado estudios, a fin de que puedan ser empleados por otros compañeros en años sucesivos.
La adquisición de este material en el primer año de uso se hará mediante el sistema cheque-libro, que los directores de escuelas entregarán a los representantes legales de los alumnos para su canje por los libros correspondientes en una librería o comercio de su elección.