SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Montesirín, se hizo eco hoy del informe de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Sevilla, conocida como oficina del Defensor del Ciudadano, que demanda medidas contra el "incivismo" de los propietarios de animales domésticos por los excrementos de éstos, y anunció que la "ordenanza antivandálica" incorporará sanciones al respecto.
Durante su intervención en las III Jornadas Internacionales de Recogida Neumática de Residuos Urbanos, celebradas hoy en el hotel NH Convenciones, el alcalde hispalense recogió las recomendaciones del informe de la oficina del Defensor del Ciudadano, que reclamó al Ayuntamiento mayor eficacia en las actuaciones relacionadas con los excrementos caninos en la vía pública, así como 'tolerancia cero' con las conductas incívicas de una gran parte de los dueños de estos animales.
Sánchez Monteseirín lamentó el "incivismo" de algunos propietarios de animales domésticos y advirtió de que "la mayor parte" de las sugerencias contenidas en el informe del Defensor del Ciudadano "están ya ensayadas" por el Consistorio hispalense.
No obstante, anunció que la futura "ordenanza antivandálica", una normativa impulsada por el Ayuntamiento municipal para sancionar los daños causados en el mobiliario público y los elementos urbanos, "incorporará la sanción de cualquier acto incívico como esta falta de respeto a la limpieza y a la vía pública".
EL INFORME DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO
Según datos de Lipasam, en la ciudad de Sevilla existen unos 40.000 perros, que producen semanalmente 28.000 kilogramos de excrementos. El coste anual específico de la retirada de dichos excrementos asciende a 181.350 euros, al margen de las tareas ordinarias de barrido manual.
En relación con las bolsas, guantes y pinzas para la recogida de excrementos, el Defensor del Ciudadano recomienda a Lipasam que se busquen patrocinios de firmas comerciales para abaratar el coste de estos productos y poder aumentar su distribución, y que se establezcan los puntos necesarios de distribución, tanto públicos como privados, de manera que ésta se acerque lo necesario a los vecinos.
La Oficina también solicita a la delegación municipal de Vía Pública que "valore la conveniencia" de habilitar en parques, paseos y zonas ajardinadas pequeños espacios para esparcimiento y deposiciones de animales de compañía, estudiando el gasto económico que conllevaría y la eficacia y eficiencia que tal actuación podría suponer.
Por último, el Defensor del Ciudadano pide a la delegación municipal de Gobernación que "deje de considerar el asunto como un problema de limpieza pública y pase a considerarlo como una cuestión de incivismo"; que la Policía Local incluya entre sus mandatos el de denunciar a todo el que no proceda a recoger los excrementos de sus perros, sin perjuicio de ordenarle la retirada inmediata de los mismos; y el incremento de la cuantía máxima de las multas hasta 500 euros.
