Sevilla.- Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores critica el recurso al TC del auto de Iván y Sara

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, Asunción García, afirma que la Junta de Andalucía es "muy dueña" de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a pagar 1,4 millones de euros a la madre de Iván y Sara, pero que "lo único que hacen con esto es marear la perdiz aún más".

En declaraciones a Europa Press, García sostuvo que "como siempre, no dan su brazo a torcer y se ven en la obligación de demostrar que tienen la razón de las razones, por encima de todos". La presidenta incidió, no obstante, en que la Junta "por supuesto, es muy libre de recurrir".

"Pero ellos ya saben que lo único que traen las demoras es un incremento de las indemnizaciones", añadió García, que concluyó diciendo que "son incapaces de darse cuenta de que el chiringuito que tienen montado con todas las retiradas de menores se les está derrumbando frente a sus narices".

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social anunció hoy que va a interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que el auto de 30 de diciembre de 2005, dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, sobre el caso de los menores Iván y Sara, "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna".

El departamento de Micaela Navarro afirmó que, "como ya anunció en su día, ha iniciado el correspondiente expediente, a fin de proceder al abono efectivo del importe de 1.400.000 euros establecido como indemnización a Carmen Fernández" en el citado auto.

Con independencia de ello, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, "tras un profundo análisis de aquella resolución judicial que ya se manifestó acatar, aunque no compartir en todos sus términos, y una vez ratificada la no viabilidad de recurso ordinario o extraordinario alguno, va a interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional", añadió Bienestar Social.

Al respecto, la Consejería considera que en el auto "se han utilizado criterios de valoración no ajustados a Derecho y se imputan a la Junta de Andalucía responsabilidades que no le corresponden".

La titular del ramo, Micaela Navarro, dijo el pasado miércoles que el expediente para el pago de la indemnización estaba ya en marcha aunque señaló que "hasta el último momento, mediados de febrero, vamos a estudiar otra posibilidad", ante la imposibilidad de un recurso de casación al Tribunal Supremo.