CAMAS (SEVILLA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Camas Antonio Enrique Fraile, criticó y pidió hoy la dimisión del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, "por amenazar a Eusebio Gaviño al denunciar éste que la Policía le obligó a que firmara una declaración ya escrita implicando al equipo de gobierno camero", así como por no explicar por qué la Policía "filtró el sumario".
En un comunicado remitido a Europa Press, Fraile calificó de "desafortunadas" las declaraciones en las que López Garzón advirtió a Gabiño de que "si sigue por este camino está añadiendo una complicación más a su situación ante los tribunales de justicia".
En este sentido, el concejal de Camas justificó su solicitud de dimisión "porque el delegado del Gobierno se limita a tapar con humo las irregularidades cometidas por ciertos agentes, que han filtrado el sumario en su totalidad a los periódicos para organizar un juicio mediático paralelo al de los tribunales", sentenció.
Así, recordó que "el delito de revelación de secretos está penado con entre dos y cuatro años de cárcel"; motivo por el que recriminó a López Garzón que, "en vez de hacer una investigación para averiguar los nombres de los culpables, este señor, que es el máximo responsable de la Policía, prefiere lanzar amenazas y calumniar".
El abogado de Fraile, Pedro Pérez Montero, presentará la próxima semana un nuevo escrito solicitando un pronunciamiento al respecto que se sumará a los dos requerimientos ya presentados desde hace cinco meses y "que no han obtenido respuesta alguna por parte de ningún responsable de la Policía Nacional".
Por otra parte, Antonio Enrique Fraile presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Camas una moción con la que la Corporación reclamará que se depuren responsabilidades "y que no se vuelva a maltratar psicológicamente a nadie para presionarlo a ratificar la teoría que a otros les conviene".
En este sentido, denunció que, durante el tiempo que permanecieron incomunicados, padecieron "sufrimiento, falta de atención sanitaria, alimentación y presión permanente", lo que definió como "un trato cruel y degradante, impropio de una sociedad democrática y de un estado de derecho".
